Tras alcanzar un acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), la empresa distribuidora de electricidad, Enel, se comprometió a pagar a los clientes que sufrieron cortes de suministro durante 2017 tanto por viento (junio), como por la caída de nieve (julio).
De acuerdo a información de La Segunda, los afectados no recibirán dinero en forma física, sino que se les descontarán los montos respectivos de las cuentas. En tres tramos fueron divididos los grupos de clientes. En primer lugar, están los 79.207 hogares que sufrieron cortes de entre 21 y 36 horas, quienes serán compensados con hasta $15 mil.
En segundo ámbito, figuran los 12.569 domicilios con interrupciones superiores a dos días. Es decir, entre 50 y 60 horas. Estos clientes obtendrán entre desde $25 mil a $55 mil.
Por último, se logró incorporar en última instancia a los hogares que estuvieron menos de 20 horas sin energía. Enel accedió a indemnizar con $1.000 a cada uno de los afectados.
La firma multinacional desembolsará para estos efectos más de $2.450 millones.
Cabe destacar que aunque el Sernac participó en la negociación, su director, Lucas del Villar, decidió inhabilitarse porque participó como abogado de una de las partes en el inicio del conflicto. Es decir, antes de asumir su actual cargo.
En nombre de Conadecus, negoció la abogada Jimena Orrego, quien ha participado en varios otros procesos de representación de consumidores.
Cabe recalcar que Enel ya había compensado por voluntad propia a 93.818 hogares, lo que le costó $1.542 millones. Justamente, en aquella ocasión no fueron parte del acuerdo los 79.207 clientes que esta vez sí serán incluidos.
En un cálculo total, Enel tuvo que solventar un costo de $3.992 millones por ambos cortes.
En paralelo a estas indemnizaciones, la firma eléctrica contempla una compensación adicional de 0,15 UTM ($7.188) para las personas que hicieron reclamos ante el Sernac, Conadecus o las municipalidades.
Por último, se informa que Enel pondrá en práctica un mecanismo para evaluar los casos en donde hubo pérdida de artefactos eléctricos, alimentos o medicamentos.