El Gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión de extranjeros desde Chile, con destino a Perú y Colombia, procedimiento que permitió elevar a 1.764 el total de personas deportadas durante 2026. El operativo corresponde al noveno vuelo de expulsados de la actual administración y al décimo realizado durante este año.
En el vuelo, que despegó durante la madrugada desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), fueron trasladadas 40 personas: 32 de nacionalidad colombiana y ocho peruanas. Según informaron las autoridades, 28 de los extranjeros expulsados registraban antecedentes por distintos delitos, entre ellos tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, porte de armas, violencia intrafamiliar y conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte.
Entre los casos destacados está el del colombiano John Freddy Vivas Lucumi, quien registra cinco causas por amenazas en tribunales de la región de Ñuble, una de ellas por lesiones graves. También fue expulsada la ciudadana peruana Brillith Risco Tejad, quien mantenía antecedentes por robo con violencia y un encargo vigente en Perú por el delito de lesiones graves.
En paralelo, las autoridades entregaron cifras sobre las personas que han abandonado voluntariamente el territorio y sobre los ingresos por pasos no habilitados:
- Salidas voluntarias: entre el 3 de enero y el 26 de septiembre de 2026 se contabilizaron 10.197 salidas voluntarias efectivas. El 79,13% corresponde a ciudadanos venezolanos. Al sumar estas salidas con las expulsiones materializadas, el total de personas que han dejado el país llega a 11.961.
- Ingreso por paso no habilitado: hasta agosto se registraron 286 denuncias en frontera, frente a las 4.393 del mismo período de 2025, lo que representa una disminución de 93%. En el período enero-agosto, el total de denunciados por esta vía pasó de 18.895 en 2025 a 12.713 en 2026, una caída de 33%.
El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informaron además que durante los primeros ocho meses del año aumentaron en 26% las fiscalizaciones, pasando de 1.196 a 1.510 procedimientos. Estas acciones permitieron controlar a 35.505 extranjeros, cifra que representa un incremento de 46% respecto del mismo período del año anterior.
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