Click acá para ir directamente al contenido
EN VIVO
EN VIVO

AChM cuestiona recorte a la Ley Cholito: presupuesto 2027 mantiene una reducción del 58%

Aunque el Senado aprobó aumentar los recursos destinados al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, el financiamiento seguirá siendo menor al de 2026. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades advierten que los fondos no serían suficientes para cubrir las necesidades de las mascotas.

24horas.cl

Viernes 20 de noviembre de 2026

El recorte de recursos destinados a la tenencia responsable de mascotas en el Presupuesto 2027 generó preocupación entre los municipios, luego de que la propuesta inicial contemplara una reducción del 86% para el programa asociado a la denominada Ley Cholito.

La iniciativa consideraba disminuir los fondos desde los $3.634 millones asignados durante 2026 a cerca de $514 millones para el próximo año. Sin embargo, durante la discusión presupuestaria en el Senado se aprobó una indicación que permitió aumentar los recursos a aproximadamente $1.514 millones.

Pese a este incremento, el presupuesto todavía contempla una disminución cercana al 58% en comparación con el año anterior, situación que mantiene las alertas entre los alcaldes.

En medio de la discusión, representantes de municipios se reunieron en la Plaza de la Ciudadanía para manifestar su preocupación por los recursos destinados a la implementación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, enfatizó la importancia de garantizar el bienestar de los animales y el rol que cumplen los gobiernos locales.

"Los animales son fundamentales (…) tenemos el deber de tenerlos bien alimentados, desparasitados y vacunados", señaló.

La preocupación también apunta a los costos que deben asumir las familias para mantener a sus mascotas y al apoyo que entregan los municipios para facilitar el acceso a prestaciones veterinarias.

Desde los municipios advierten que contar con menos recursos podría dificultar la continuidad y cobertura de programas de salud, alimentación y atención veterinaria, además de las iniciativas destinadas a prevenir el maltrato y el sufrimiento animal.