El Gobierno reaccionó a través del biministro del Interior, Claudio Alvarado, ante el dictamen de la Contraloría General de la República, tras concluir que la otrora ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus facultades legales.
La resolución aborda la polémica remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
“Lo que se transgredió es que se hizo una consulta respecto a personas que estaban llevando una causa que estaba en desarrollo en investigación, y que le corresponde al Ministerio Público”, señaló el biministro del Interior.
Consultado sobre una 'autocrítica' luego del respaldo del Gobierno al actuar de la exministra Steinert, Alvarado enfatizó que "nosotros somos agradecidos y reconocemos el aporte de la ministra en su paso por el Gobierno".
En ese sentido, agregó que: "En el ejercicio de un cargo público, todos los ministros podemos cometer algún tipo de error y en ese sentido, la Contraloría aquí manifestó que había una falta al deber de abstención que suele ocurrir en muchas oportunidades en diferentes instancias", cerró.
El oficio que abrió la controversia
La controversia se originó a raíz de un oficio reservado enviado por Steinert el 13 de marzo al director general de la PDI, Eduardo Cerna, apenas dos días después de asumir el Ministerio de Seguridad.
En el documento, la entonces ministra solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados a investigaciones del denominado "Clan Chen" en Tarapacá, incluyendo nombres, grados jerárquicos, razones de traslado y eventuales antecedentes disciplinarios.
El pronunciamiento del organismo respondió a un requerimiento presentado por el diputado PS Raúl Leiva, quien solicitó revisar la legalidad del oficio enviado por la exautoridad.
La polémica remoción de Consuelo Peña
El caso tomó mayor fuerza luego de que se conociera la salida de la entonces subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, quien dejó la institución tras 36 años de servicio.
Diversos reportes de prensa apuntaron a que Steinert habría solicitado personalmente la remoción de Peña, en medio de diferencias arrastradas desde la época en que la exministra ejercía como fiscal regional de Tarapacá.
Pese a la controversia, Steinert negó reiteradamente haber ejercido presiones para concretar la salida de Peña.
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