Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 485 funcionarios del sector público se mantuvieron bajo medida de suspensión preventiva entre enero de 2020 y marzo de 2026. Por disposición del Estatuto Administrativo, dichos trabajadores continuaron percibiendo sus remuneraciones completas durante la tramitación de los procesos.
El catastro evidenció demoras prolongadas en la resolución de las causas. Incluso, un total de 30 funcionarios registra suspensiones que superan los tres años, alcanzando en 13 de ellos periodos de cuatro años o más. En los diez casos más extensos, el Fisco desembolsó un estimado de $671.426.189 en sueldos por horas no trabajadas.
Las mayores dilaciones se concentran en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y diversos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En Mejor Niñez se registró una suspensión que alcanzó los 4 años y 7 meses, mientras que en el SLEP Santiago Centro la cifra llegó a 4 años y 6 meses.
El análisis del organismo fiscalizador detectó otras irregularidades durante los periodos de suspensión. Al menos 22 funcionarios registraron actividades remuneradas según datos del Servicio de Impuestos Internos, mientras que otros 25 figuraban en nóminas de viajes al extranjero o asistencia a casinos de juego haciendo uso de licencias médicas.
Frente a este escenario, la Contraloría fijó un plazo de 5 días hábiles para que los servicios remitan los 30 sumarios que sobrepasan los 3 años de tramitación. Asimismo, dio 15 días a las reparticiones para iniciar procesos disciplinarios y evaluar responsabilidades administrativas.
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