La Contraloría General de la República (CGR) detectó serias irregularidades en el otorgamiento y renovación de licencias de conducir en las municipalidades de La Granja y San Ramón. A raíz de los hallazgos, el organismo de control instruirá sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios municipales y remitió los antecedentes al Ministerio Público.
Según informó la CGR, se constataron casos en los que se entregaron permisos de conducir a personas que se encontraban cumpliendo condenas privativas de libertad, a condenados por diversos delitos y a solicitantes inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, contraviniendo lo establecido en la Ley de Tránsito y otras normativas vigentes.
Irregularidades en La Granja
El Informe Final N° 321/2025 reveló que en la Municipalidad de La Granja al menos tres personas obtuvieron licencia de conducir mientras cumplían penas de cárcel, pese a que la normativa exige la realización presencial de evaluaciones sensométricas y psicométricas.
Además, el cruce de información con la base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación permitió detectar que 884 personas condenadas entre 2018 y 2024 recibieron permisos de conducir en dicha comuna. A esto se suma la entrega o renovación de 83 licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, quienes mantenían deudas vigentes que alcanzan un total de $11.111,911 UTM.
El informe también expuso cinco casos en que funcionarios municipales intervinieron directamente en el proceso de otorgamiento de licencias a familiares, participando en exámenes prácticos, aprobando evaluaciones médicas e incluso autorizando licencias en su calidad de director de tránsito y transporte público.
La CGR indicó que solicitó en 29 oportunidades antecedentes del sistema de licencias y los perfiles de usuario asociados, sin que el municipio entregara la información de forma completa, motivo por el cual se instruirá un sumario administrativo.
Observaciones en San Ramón
En el caso de la Municipalidad de San Ramón, la Contraloría detectó el otorgamiento de una licencia de conducir a una persona que también se encontraba privada de libertad. Ante esta situación, el organismo ordenó paralizar el sumario iniciado por el propio municipio y remitir el expediente a la CGR, para que sea esta entidad la que determine eventuales responsabilidades administrativas.
El Informe Final N° 367/2025 consignó, además, que se entregaron 73 licencias a personas condenadas entre 2023 y 2024, incumpliendo lo dispuesto en la Ley de Tránsito. Asimismo, se verificó la entrega de permisos a 55 personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos al momento de solicitar el documento.
La auditoría también detectó que se otorgaron licencias sin cumplir requisitos mínimos en evaluaciones como test de coordinación motriz, agudeza visual, perimetría, visión de profundidad, recuperación de encandilamiento, visión de colores, audiometría y examen psicosensométrico.
Finalmente, se constató que el municipio aplicó cobros por derechos municipales por montos superiores o inferiores a los establecidos en las ordenanzas vigentes, generando diferencias por $1.742.335, de los cuales $277.903 corresponden a ingresos no regulados.
Por ambos casos, la Contraloría instruirá sumarios administrativos para establecer las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de las situaciones objetadas, además de remitir todos los antecedentes al Ministerio Público.
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