El Ministerio Público emitió un comunicado respecto a la controversial decisión del juez de garantía, Daniel Urrutia, quien autorizó a reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) a realizar videollamadas.
En el texto expuso: “El Ministerio Público ha estado en constante coordinación con Gendarmería de Chile, revisando tanto la apelación como el recurso de hecho, esperando la oportunidad pertinente para hacernos parte de la misma y lograr la revocación de la decisión del juez de garantía, señor Daniel Urrutia”.
“Estos son delitos graves, lo que implica un desafío adicional en la protección de víctimas y testigos involucrados”, añadió la Fiscalía.
En relación a la decisión del Juez Urrutia. pic.twitter.com/OoRe3tBkvo
— Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) February 16, 2024
Tras conocerse la decisión, Gendarmería declaró que esta "pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada", no obstante, Urrutia mantuvo la resolución y Gendarmería presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Gobierno rechazó la decisión del juez Urrutia
Consultado al respecto la jornada de este viernes, el subsecretario de Interior Manuel Monsalve expresó: "Consideramos que este es un hecho grave. Por supuesto que estamos en contra y el ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza", afirmó Monsalve.
"Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado, crimen organizado que comete el delito de secuestro, crimen organizado que comete delitos de homicidio, crimen organizado que comete delitos de trata de persona, es que sus líderes, los líderes que están detenidos, tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la organización. Es por eso que esas personas están en módulos de alta o de máxima seguridad", dijo.
Junto con eso, comentó que la resolución del juez Urrutia genera una disonancia difícil de explicar: "Evidentemente, ese esfuerzo que hace el Estado pierde todo sentido si es que finalmente un juez los autoriza a comunicarse por videollamadas con sus familiares o incluso con, eventualmente, integrantes de la propia organización criminal".
En esa línea, reiteró que "nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y, por lo tanto, a través del Ministerio de Justicia y Gendarmería, el gobierno va a utilizar todas las herramientas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir".