El fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, abordó la investigación del denominado Caso Convenios en una nueva arista en la Región de Tarapacá.
Ayer miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó las oficinas de la fundación Enlace Urbano en el marco de las indagaciones, tras el traspaso de 782 millones de pesos en un día desde la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a la entidad.
De forma paralela, la Fiscalía investiga otro siete traspasos realizados desde el Minvu a la Fundación EnRed Social por más de mil millones de pesos.
En conversación con radio ADN, Ríos sostuvo que "estas investigaciones comenzaron el pasado viernes por la fundación Enlace Urbano, y una segunda causa que se inició de oficio esta semana por la fundación EnRed Social".
En esta línea, señaló que "con la información que apareció en redes sociales, más la información con la que nosotros contábamos, estimamos que era urgente hacer dos causas, donde los montos superarían los mil millones de pesos, pero todavía estamos definiendo la cantidad real".
"Teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo a nivel país, con evidencia que eventualmente podía ser útil para la investigación, generó que con la PDI le diéramos celeridad a esta investigación, y coordinar de manera pronta una entrada y registro, que se dio el día de ayer", explicó el fiscal.
En cuanto al allanamiento, Ríos comentó que fue "bastante positivo" e informó que "esto comenzó el miércoles a eso de las 10:00 horas, terminó aproximadamente a las 18:00 horas, y logramos levantar bastante evidencia documental, digital, equipos electrónicos y teléfonos".
"Estamos aún en una etapa inicial, llevamos recién una semana de investigación, pero creo que ya hay algunos indicios de elementos que podrían configurar en el futuro algún delito como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho o soborno", precisó el persecutor.
En ese sentido, detalló que "en la experiencia de los delitos de corrupción, cuando se generan figuras o esquemas defraudatorios contra el fisco, se necesitan dos intervinientes, un funcionario público y un particular, y en los casos que me ha tocado observar, la acción del funcionario público nunca es gratuita".
"Habitualmente, este es un esquema que se repite. Para que el funcionario público actúe y deje de cumplir con sus deberes necesita algo a cambio, y ese algo a cambio a veces proviene de los mismos proyectos o los montos que se asignan", agregó.
De esta forma, el fiscal Ríos recalcó que "no tenemos imputadas a personas determinadas hoy, pero el día de ayer se hizo ingreso al Serviu de Tarapacá, la Seremia de Vivienda y Urbanismo, y continuaremos con toda la línea administrativa hasta conocer desde donde se tomó la decisión de asignar estos fondos a las dos fundaciones".
Además, indicó que "uno de los elementos que nos llamó la atención y que nos llevó a actuar rápidamente" fue el traspaso de millonarios montos en un solo día y destacó que "otra arista es la creación de fundaciones en un periodo muy cercano a la fecha de transferencia de dinero, y también, que probablemente se dé en algunos casos, los domicilios tampoco existan".