Ante una denuncia realizada por Renovación Nacional, el Ministerio Público abrirá una investigación para detectar posibles delitos cometidos en la entrega de pensiones de gracia a personas con condenas y/o antecedentes penales.
Concretamente, el partido de Chile Vamos presentó una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado por posibles delitos de fraude al fisco y prevaricación. Esto, luego de que un informe de Contraloría revelara que 58 individuos recibieron este beneficio pese a tener antecedentes criminales.
Así lo reveló La Tercera, detallando que las diligencias de la Fiscalía buscarán, en principio, evaluar en detalle el informe del ente fiscalizador, pese a que aún no se han detectado situaciones constitutivas de delito en este caso.
Sin embargo, desde el Ministerio Público fueron enfáticos en señalar que, de encontrar antecedentes que vayan en ese sentido, no dudarán perseguir a los responsables.
Es importante recordar que el informe de Contraloría también reveló que una decena de personas que no habrían presentado informes médicos que respalden su categorización de víctima de derechos humanos para recibir el beneficio.
RN acusa fraude al fisco y prevaricación
La acción de la Fiscalía se dio luego de que Renovación Nacional presentara una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado por posibles delitos de fraude al fisco y prevaricación.
Ante el organismo, los diputados José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper solicitaron "todos los antecedentes necesarios a fin de evaluar el ejercicio de acciones penales en contra de quienes resulten responsables por los eventuales delitos de fraude, prevaricación administrativa u otros que en la especie afectaren el patrimonio fiscal y la integridad de la función pública".
Asimismo, en el texto presentado, los parlamentarios de oposición exigieron al Presidente Gabriel Boric "dejar sin efecto los decretos que otorgaron las pensiones cuestionadas, deduciendo las acciones civiles necesarias para recuperar los recursos fiscales indebidamente percibidos".
Para los congresistas, lo revelado tras el informe de Contraloría es similar al caso "Falsos exonerados”, estallado en 2008, y que tras una auditoría del ente fiscalizador se descubrió que muchos de los beneficiarios no reunían los requisitos legales.