La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) manifestaron su preocupación ante el escenario de alzas de los combustibles, que este jueves podría concretar un cuarto incremento consecutivo. Frente a este escenario, ambas organizaciones anunciaron que se mantendrán en “estado de alerta permanente” y formularon una serie de exigencias al Gobierno.
Los gremios sostienen que el aumento de los costos del diésel está generando una situación que califican como crítica para el transporte de carga. En su declaración, plantearon que el mecanismo para enfrentar las variaciones en el precio del combustible debe quedar establecido mediante una normativa obligatoria y no depender de acuerdos voluntarios entre las partes.
Entre sus principales demandas se encuentra la implementación de un sistema de Fuel Surcharge, es decir, un recargo por combustible que permita traspasar automáticamente las variaciones del precio del diésel a los contratos de transporte. Al respecto, señalaron: “Rechazamos de plano cualquier fórmula voluntaria, mesa de buenas intenciones o instructivo administrativo sin fuerza ejecutiva”, y exigieron que este mecanismo sea obligatorio y quede establecido mediante una Ley de la República.
Las organizaciones también plantearon las siguientes exigencias:
- “Envío y urgencia legislativa inmediata”, solicitando al Presidente de la República y al ministro de Hacienda el ingreso de un proyecto de ley sobre Fuel Surcharge y la convocatoria a una mesa técnica con los gremios.
- “Restitución formal del MEPCO según la ley vigente”, junto con el restablecimiento de la banda del precio de referencia y el umbral de variación para el diésel.
- “Corrección de la distorsión impositiva”, eliminando lo que califican como un recargo artificial que agregaría cerca de $100 por litro al componente variable del diésel.
Finalmente, CNDC y CNTC hicieron un llamado a sus federaciones, asociaciones y sindicatos a nivel nacional para sumarse al estado de alerta. En su declaración, afirmaron: “Las bases del transporte de carga no continuarán financiando la discrecionalidad fiscal ni subsidiarán las distorsiones del mercado a costa de su propia subsistencia”, cerrando con la convocatoria a “declararse en estado de alerta permanente”.
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