A poco más de cinco meses de abandonar el gabinete, el exministro de Seguridad y Justicia, Luis Cordero, retornó a la práctica privada como abogado representante de la Asociación de Casinos de Juego y de la industria salmonera. Desde ese rol, el jurista arremetió contra la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que busca fijar un sistema de inscripción y cobro de tributos a las plataformas de apuestas online.
El exsecretario de Estado cuestionó la validez jurídica del criterio impuesto por el organismo recaudador para equiparar a las páginas de internet con el comercio formal de juegos de azar. "La decisión es absolutamente ilegal. No solo carecía de atribuciones para dictar esa resolución, sino que establecer un procedimiento para la inscripción y cobro de impuestos como si lo estuviera asimilando a un casino regular, son dos cosas que lo hacen ilegal y tiene una serie de peligros asociados", aseveró Cordero en conversación con El Mercurio.
En esa misma línea, la exautoridad detalló las falencias operativas y los eventuales choques de competencias que genera el dictamen administrativo dentro de la institucionalidad pública. "Primero, no considera las declaraciones judiciales que señalan explícitamente que este tipo de impuestos son ilegales. Lo segundo es que, paradójicamente, mientras el SII obliga la inscripción de los sitios, la Corte Suprema dice que esos sitios tienen que estar bloqueados", planteó.
Ante este escenario, la representación gremial solicitó formalmente una reconsideración ante la Contraloría General de la República. De mantenerse la postura del Fisco o en caso de que el ente contralor evite pronunciarse por tratarse de una materia en litigio, la estrategia jurídica derivará de manera directa en los tribunales de justicia. Por su parte, Cordero confirmó estar a cargo de la vía contenciosa del gremio y respaldó la opción de cortar los flujos financieros de estas empresas mediante el bloqueo a las pasarelas de pago.
En paralelo, el abogado abordó la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno, tildándola de "innecesaria" y advirtiendo sobre las severas inconsistencias técnicas que presenta el proyecto de ley. A su juicio, la sanción de pérdida de derechos por 15 años a condenados por terrorismo o crimen organizado equivale a una especie de muerte civil, al tiempo que otorga facultades desproporcionadas al Ejecutivo bajo estados de excepción.
Sobre este punto, el exministro alertó acerca del impacto político e institucional de largo plazo que podría desencadenar la tramitación parlamentaria de la propuesta gubernamental. "Abre un tema que se puede transformar en un proyecto constituyente 3.0, cuando todos entendíamos que esos procesos estaban cerrados. Creo que el sector privado debería mirarlo con demasiada preocupación", afirmó.
Por último, Cordero salió al paso de los cuestionamientos formulados por figuras del Frente Amplio respecto a un eventual conflicto de interés por pasar de un cargo regulador a la defensa de sectores regulados. El profesional descartó de plano las críticas tras remarcar que se trata del ejercicio libre de su especialidad en derecho administrativo y aseguró mantener una política personal de no intervenir en materias de seguridad privada ni dedicarse a gestiones de lobby.
