Una categórica respuesta entregó el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) frente a las recientes indagatorias del Ministerio Público y las acciones legales dictadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), las cuales apuntan a la tramitación irregular de residencias definitivas a cambio de pagos en dinero entre los años 2022 y 2023.
Según consignó T13, la investigación judicial puso al descubierto un esquema en el que dos exoperadores del Departamento de Residencias Definitivas cobraban sumas de dinero a ciudadanos extranjeros para agilizar trámites que tardaban meses, logrando acortar los plazos de entrega a solo unos días mediante la alteración del sistema regular de asignación de casos.
Ante el revuelo causado por estos antecedentes, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum Muñoz, precisó los alcances del caso y enfatizó que las anomalías corresponden a un periodo acotado y que los implicados ya no pertenecen a la institución.
"Estos hechos de corrupción se dieron en el Servicio de Migraciones (SERMIG) entre octubre del año 2022 y marzo del año 2023 por dos personas, una de ellas contratada a honorarios, que fue removida en marzo del 2023, y otra persona que estaba a contrata, que fue destituida en junio del año 2024. Básicamente, lo que se hacía era facilitar un trámite que dura durante varios meses, en unos pocos días", explicó.
Agregó que los sujetos "entregaron casi 250 residencias definitivas, y nosotros hoy día nos encontramos recopilando una serie de información que el Consejo de Defensa del Estado nos ha solicitado para poder seguir adelante su investigación".
En este sentido, el director nacional de la entidad aclaró que "estos hechos fueron denunciados por los propios funcionarios del SERMIG en su momento, que no se quisieron ver involucrados en hechos de corrupción"..
Querella del CDE
Cabe señalar que los dos exfuncionarios involucrados, Marcela Paredes Jara y Javier Navarro Martínez, fueron querellados por el Consejo de Defensa del Estado por el delito de cohecho.
Los sujetos solicitaban 140 mil pesos por cada trámite realizado por medio de un intermediario, quien recibía la mitad del dinero, "este mecanismo fue ejecutado, al menos, entre los meses de octubre de 2022 y marzo de 2023, periodo durante el cual Navarro intervino y aceleró, infringiendo los deberes de su cargo, la tramitación de 250 solicitudes de residencia, recibiendo un beneficio económico total estimado en $17.500.000".
El escrito detalla que "la querellada propuso que ambas se repartieran por mitades el dinero pagado por los interesados, con el objeto de obtener un beneficio económico a cambio de alterar la tramitación regular de solicitudes correspondientes a ciudadanos extranjeros".
