El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, criticó a las Isapres en medio de los trámites legislativos que buscan un mecanismo para que estas aseguradoras puedan cumplir el fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolver montos asociados a cobros excesivos a sus afiliados y aplicar una tabla única de valores.
En diálogo con Diario Financiero, la autoridad acusó a las empresas de no proponer una solución a sus afiliados, y que "se han dedicado a establecer una campaña del terror, basados en algo que me parece completamente impropio de una industria regulada: amenazar sobre la base de prestaciones que afectan a un grupo de personas".
Cordero aseguró que "ponemos mucho énfasis en la sentencia de noviembre, pero lo que se omite, y que es extremadamente relevante, es que la Corte Suprema ya advirtió sobre esta situación en la sentencia de agosto".
"Dicha también tuvo por propósito resolver una discusión que ya era muy recurrente: la Corte no permite el aumento del precio base. Cuando una industria regulada, cumple una obligación de servicio público, y forma parte del sistema de Seguridad Social (...), lo que es razonable y exigible es que las Isapres digan cómo van a cumplir la sentencia. Si uno mira la trayectoria histórica de las aseguradoras, éstas nunca han reconocido que han actuado indebidamente", recalcó.
Sobre este mismo punto, insistió que las aseguradoras no han actuado de forma correcta, ya que "es cosa de ver la cantidad de sentencias que tienen en contra. Lo que me cuesta entender es por qué las Isapres siguen tratando de construir un mundo paralelo donde pareciera que no infringen la ley cuando la sentencia y los tribunales vienen sistemáticamente hace una década diciendo que lo hacen".
"Las Isapres deben asumir que durante largo tiempo han incumplido la constitución y la ley", enfatizó.
Asimismo, dijo que si las Isapres "no están en condiciones de cumplir el fallo que lo digan directamente", ya que "tienen una obligación pública de entregar las prestaciones en el contexto de los contratos, pero también una obligación pública de dar razones".
PROYECTO DEL GOBIERNO Y SOLUCIÓN LEGISLATIVA
En cuanto a la Ley Corta propuesta por el Ejecutivo en el Congreso, que ha sido ampliamente criticada por sectores opositories y también por las isapres, ya que, según ellos, si se aplica tal cual ingresó estas quebrarían en septiembre, el ministro sostuvo que esta "no es una solución fallida".
"Para cumplir la sentencia de la Corte Suprema se necesita modificar la ley y garantizar la continuidad del sistema, sobre todo, para proteger a los afiliados: la fórmula razonable es buscar una reforma legal para lograr un equilibrio", agregó.
Cordero subrayó que "la propuesta del Ejecutivo se presentó para ser discutida en el Congreso. Lo que sería una propuesta fallida es si ésta dependiera única y exclusivamente del Ejecutivo. Ahora, ¿cuál es la primera reacción de las Isapres? Que esto es un engaño".
"No conozco una industria regulada tan beligerante como las Isapres. Van al Congreso a hablar sobre la fatalidad de la situación. Y construyen el relato de que han cumplido la ley, como si la sentencia no existiera (...) Si a las Isapres no les parece la propuesta del Ejecutivo, entonces que digan cuál es la alternativa", remató.
La autoridad también recalcó que "lo que suceda con las Isapres lo va a decidir el Congreso, no el Gobierno. Lo que les pasa a las Isapres es responsabilidad de ellas, y lo que suceda como medida de una política pública es una decisión que se adopta por ley de la República. ¿Le parece razonable a alguien creer que tener una crisis en el sistema privado le beneficia al Gobierno? En absoluto. Suponer que el Gobierno tiene una animadversión específica es completamente contraintuitivo a la idea central de mantener una gestión pública eficiente".
En cuanto a la reforma constitucional impulsada por la oposición, Cordero dijo que "ese proyecto lo que esencialmente hace es que elude los efectos de la aplicación de la sentencia".
No obstante a lo anterior, el secretario de Estado también aseguró que "no es normal que se tenga que dictar un proyecto de ley para cumplir una sentencia".
"El fallo de la Corte le da el derecho a las personas a que se le reintegre lo indebidamente cobrado. Eso queda anulado con la reforma constitucional de los parlamentarios, que mueve otra variable -el precio base-, para impedir que eso ocurra. Cuando uno acepta una reforma constitucional para suprimir los efectos de un fallo, lo grave es que se genera un precedente para el sistema legal e institucional que es gravísimo", explicó.