La Municipalidad de Melipilla presentó una querella criminal contra el ex alcalde Iván Campos por el delito de fraude al fisco, por presuntamente generar perjuicios por 497 millones de pesos.
La acción judicial también fue presentada contra otros dos ex funcionarios municipales, específicamente, el ex director jurídico de su administración, Rodrigo Videla, y del ex director de Administración y Finanzas (s), Francisco Devia.
"La acción tiene por fin perseguir las responsabilidades penales debido al perjudicial contrato de compraventa que fue suscrito durante la administración de Campos en 2020, en el que se buscaba adquirir un terreno para expandir el Vertedero de Popeta, y que terminó significando el pago de una multa por 500 millones de pesos", señaló el municipio a través de un comunicado.
Concretamente, el municipio debió pagar una multa por cerca de $497.000.000 tras no cumplir con una cláusula establecida en dicho contrato de compraventa.
Los antecedentes expuestos por la casa consistorial fueron la conclusión de una investigación interna que "descubrió que en los meses de marzo y abril de 2021, hubo una liquidez promedio diaria más que suficiente para proceder con el pago".
"Además, la propia Contraloría General de la República, en su informe 359 de 2023, dio a conocer una serie de irregularidades ocurridas durante en el proceso de compraventa, hechos que fueron suficientes para ser remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE)", continúa el comunicado.
Al respecto, el director jurídico de la Municipalidad de Melipilla, Matías Salazar Barrera, puntualizó que "estamos solicitando la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio por su participación en la redacción de la promesa de compraventa, notoriamente perjudicial para los intereses municipales, y en el retardo del pago de una cuota del mismo, que llevó posteriormente al pago de una multa por casi 500 millones de pesos a beneficio de la parte vendedora, razón por la cual también estamos solicitando que se reparen los perjuicios involucrados".
Por su parte, la actual alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría, señaló que tienen la firme convicción de que existen hechos que configuran delito de fraude al fisco por el "perjuicio patrimonial causado por la redacción y suscripción de un contrato de promesa de compraventa que no contempla garantías para el patrimonio municipal y; por el no pago oportuno de una cuota del mismo, habiendo recursos suficientes para ello, lo que determinó un perjuicio patrimonial de casi 500 millones de pesos".