La Municipalidad de Melipilla decidió acudir a la justicia tras sufrir una plaga de moscas y malos olores. La medida fue acogida por la Corte de Apelaciones de San Miguel, declarando admisible el proceso.
La acción judicial contra la empresa Ecoser, encargada del tratamiento de excremento humano, señala los hechos comentados “vulneran los derechos fundamentales” de los vecinos de Tantehue.
A partir del pasado 5 de enero, en el sector está vigente una alerta por emergencia sanitaria. A raíz de esto, en el documento se solicita a la compañía a "abstenerse de continuar ejecutando sus actividades mientras no acrediten la habilitación legal para hacerlo; o cuenten con los correspondientes permisos y autorizaciones que procedan".
En el comunicado el municipio explica que “se constató que la plaga de moscas y malos olores es originada por la empresa Ecoser, la cual traslada entre siete a 10 camiones de alto tonelaje de excremento humano por día”, indicando que las eses provienen de la región de O'Higgins y tienen como finalidad abonar el suelo de un predio de Agrosuper.
Se abre una ventana de esperanza para el resguardo de los d° ambientales. En un histórico pronunciamiento, la CA de San Miguel admite a tramitación RP interpuesto contra Empresa Ecoser y Empresa Agrosuper por la gestión de lodos y la presencia de moscas en Tantehue, Melipilla. pic.twitter.com/3PJ2uaWhNo
“No es una declaración de buena voluntad"
La alcaldesa Lorena Olavarría afirmó que los habitantes del lugar “están con problemas de salud por respirar excremento humano y convivir con una plaga de moscas en sus casas las 24 horas del día", añadiendo que "no vamos a aceptar, ni tolerar que las empresas tengan un mejor trato que las personas que viven en nuestra comuna".
En la misma línea la jefa comunal fue tajante en comentar que "respirar caca humana es indigno" y acotó que la acción judicial “no es una declaración de buena voluntad". Para finalizar, la edil aseveró que "haremos todo lo que nos permita la ley para defender el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a vivir de manera digna".
En el recurso se emplaza a la Superintendencia de Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Seremi de Salud de la región Metropolitana, y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para que entreguen todos los antecedentes relacionados al funcionamiento de la planta.