El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó arraigo nacional y firma mensual para el padre de la pequeña Isidora, la niña de 2 años y 8 meses que murió tras caer desde un piso 11 de un edificio ubicado en la comuna de Las Condes, en un caso que ha causado conmoción pública y reabierto el debate sobre las medidas de seguridad en departamentos en altura.
La tragedia ocurrió mientras la menor se encontraba bajo el cuidado de su padre, quien mantenía un régimen de visitas regulado judicialmente. Según los antecedentes expuestos durante la audiencia de formalización, el hombre se había comprometido ante el Tribunal de Familia a instalar mallas de protección para garantizar la seguridad de la niña durante las visitas.
Sin embargo, de acuerdo con la versión entregada por el abogado de la madre, las mallas solo fueron instaladas en el sector del balcón y no en otras ventanas del departamento, pese a que esta condición había sido establecida expresamente en el acuerdo judicial.
La menor había llegado al departamento cerca de las 11 de la mañana del domingo para compartir con su padre durante 10 horas. Según los antecedentes de la investigación, el imputado y su pareja se encontraban durmiendo una siesta mientras la niña permanecía en otra habitación del inmueble.
Fue una vecina del edificio quien alertó sobre la caída de la pequeña al verla en el sector de estacionamientos. Posteriormente, personal de Carabineros logró ubicar el departamento desde donde cayó la niña, ya que el padre se habría percatado de la situación cerca de 40 minutos después del accidente.
Durante las diligencias, funcionarios policiales detectaron presunto hálito alcohólico en el imputado, por lo que se le practicaron exámenes para determinar eventual consumo de alcohol y otras sustancias, antecedentes que fueron incorporados a la investigación.
La madre de la niña presentó una querella y solicitó el máximo rigor de la ley, acusando negligencia grave y un incumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal para concretar las visitas.
El Ministerio Público formalizó al padre por su eventual responsabilidad en la muerte de la menor, mientras que el tribunal resolvió decretar la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación.
El caso también volvió a instalar el debate sobre el denominado “Proyecto de Ley Valentín”, iniciativa que busca obligar la instalación de medidas de seguridad en edificios en altura para prevenir accidentes fatales de niños y mascotas.
