Este martes, la Mesa del Sector Público y los ministerios de Hacienda y del Trabajo retomaron sus reuniones para la discusión económica del reajuste salarial para los funcionarios públicos.
Entre las principales exigencias se encuentra la solicitud de un aumento del 2% real sobre el IPC acumulado, además de una serie de bonos asociados al término del proceso y a beneficios estacionales.
De acuerdo con lo planteado por las organizaciones, el reajuste solicitado se aplicaría al período comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, lo que, sumado a la inflación estimada, elevaría el incremento total de las remuneraciones a cerca de un 5,4%.
Así lo explicó el economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda, quien detalló a Biobío que "considerando que se reajusta la inflación (3,4%) más el 2% real, equivale a un reajuste del 5,4%, y eso implica aproximadamente el 1,6% del presupuesto de la nación”.
Aunque las conversaciones se iniciaron el 4 de diciembre, el proceso se vio ralentizado durante las últimas semanas y solo se retomó tras la elección del nuevo Presidente de la República. En este contexto, la Mesa del Sector Público espera que el Ejecutivo entregue prontamente las cifras oficiales sobre los recursos disponibles para financiar el aumento.
De acuerdo con estimaciones técnicas que han circulado en la antesala de la negociación, el costo del reajuste solicitado podría alcanzar alrededor de US$1.500 millones, lo que implicaría prácticamente duplicar el presupuesto actualmente destinado a este ítem. En términos fiscales, el ajuste representaría cerca del 1,6% del presupuesto nacional, lo que ha generado debate sobre su viabilidad financiera.
Sobre las expectativas de esta reunión, la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Gabriela Farías, reconoció a Radio Biobío que aunque el Gobierno ha tenido buena disposición, “todas las materias que son económicas van a ser las más complejas de llegar a acuerdo”.
El detalle de la demanda por el reajuste salarial
En cuanto a los Bonos de Término de Conflicto, el pliego establece un pago de $300.000 para los trabajadores con sueldo líquido igual o inferior a $987.277. En tanto, aquellos funcionarios con sueldo líquido superior a ese monto y hasta $3.600.105 brutos recibirían un bono de $200.000.
Durante la jornada también se conocieron nuevos detalles de las demandas económicas incluidas en el petitorio. En el caso del Bono de Vacaciones, se propone un pago de $120.122 para funcionarios con sueldo líquido igual o inferior a $1.087.159, sin establecer un tope de renta. Para quienes perciban sueldo líquido superior a $1.087.159, el monto sería de $60.061, con un tope de $3.600.105 brutos.
Asimismo, el pliego contempla el Aguinaldo de Fiestas Patrias, con un monto de $93.987 para trabajadores con sueldo líquido igual o inferior a $1.087.159, también sin tope de renta. En tanto, los funcionarios con sueldo líquido superior a ese umbral accederían a un aguinaldo de $65.245, con un tope de renta fijado en $3.600.105 brutos.
