El Presidente José Antonio Kast firmó un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que apunta a sancionar con la pérdida de beneficios sociales a quienes incurran en conductas que afecten el patrimonio público, la convivencia ciudadana o la infraestructura del país.
"Nosotros lo que queremos es desincentivar una conducta. Cuando existen este tipo de sanciones de carácter social, yo creo que una persona lo piensa dos o tres veces, porque afecta primero sus beneficios personales y también al resto de su familia", explicó Claudio Alvarado, biministro del Interior y la Segegob.
En específico, la iniciativa busca que los autores de acciones que actualmente son consideradas faltas reciban una multa aplicada por el Juzgado de Policía Local y sean incluidos en un listado que automáticamente les impediría acceder a beneficios sociales, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), la gratuidad en la educación, el subsidio de arriendo o becas de posgrado.
Las conductas incluidas en el Registro de Vándalos
De acuerdo con lo señalado por el Mandatario durante la primera Cuenta Pública, entre las conductas que podrían derivar en el ingreso de una persona al Registro de Vándalos se encuentran la destrucción de infraestructura pública, la quema de buses, los rayados en propiedades públicas o privadas y la venta y consumo de alcohol en la vía pública.
Asimismo, otras acciones que podrían implicar la pérdida de beneficios sociales son el consumo de drogas en espacios públicos, las agresiones contra funcionarios de la salud o carabineros y el tráfico de drogas.
"Te excluye de la comunidad civil"
Si bien el proyecto generó amplios respaldos en el sector oficialista, desde la oposición manifestaron su "preocupación" por la pérdida de beneficios sociales.
"Me parece muy preocupante que agregue un castigo adicional, no solo el castigo propio del derecho penal, sino que además un castigo civil que te excluye de la comunidad civil, que te impide ejercer tus derechos fundamentales. Esto tiene claros visos de inconstitucionalidad", indicó Jaime Bassa, diputado del Frente Amplio.
Por otro lado, Flor Weisse, jefa de bancada de la UDI, aseveró que la iniciativa va "en la línea de recuperar el orden y el Estado de derecho, y que no tengan beneficios sociales ni de ningún tipo las personas que destruyen el país".
