Los diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper y Hugo Rey, junto a otros representantes de comunidades educativas presentaron este lunes un requerimiento en Contraloría en contra de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, acusándola de no aplicar la 'Ley Aula Segura' en los liceos emblemáticos de la comuna.
Schalper aseguró que el requerimiento se presentó para que el contralor constate que la jefa comunal "no está haciendo cumplir la ley".
"Nuestra convicción es que acá la alcaldesa Hassler tiene que responderle al país de por qué no aplica la 'Ley Aula Segura'. A ella puede no parecerle, pero la ley es vinculante", subrayó el parlamentario.
En esa misma línea, el secretario general de RN dijo que "si el contralor constata si aquí hay una inejecución de la ley, los concejales podrían eventualmente promover una causal por notable abandono de deberes, y eso podría traducirse en su destitución".
Asimismo, el legislador expresó que "las personas que están encargadas de dirigir liceos emblemáticos de la comuna de Santiago muchas veces han debido sufrir amedrentamientos y persecución por hacer las denuncias que hoy día estamos haciendo".
Esto a raíz de las declaraciones del exdirector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, quien aseveró en el canal Vía X que la propia alcaldesa habría pedido no aplicar la 'Ley Aula Segura'.
De hecho, en el mismo punto de prensa, la directora del Liceo Darío Salas acusó una "persecución" por parte de Hassler desde que esta era concejal.
ALCALDESA HASSLER DESCARTA ACUSACIONES
Casi en simultáneo, Irací Hassler se refirió al requerimiento presentado por los parlamentarios RN, señalando que "se están aplicando las distintas normativas vigentes para poder abordar un problema que se arrastra hace muchos años, que de hecho se arrastran específicamente la gestión que tuvieron personas del mismo partido que hoy que hoy día presentan esta acusación".
La jefa comunal enfatizó que "se están aplicando los reglamentos internos de convivencia escolar y los procesos que contiene la normativa, y que se hacen a través de los directores y directoras. Tanto así que hay 577 procedimientos abiertos solo este año a propósito de faltas gravísimas", que han derivado "gran parte de ellos en sanciones, algunas de expulsión o cancelación de matrículas, y otro tipo de sanciones que busca mejorar la convivencia al interior de las comunidades educativas".
Hassler además lamentó las declaraciones del exdirector del INBA, asegurando que "no hay instrucciones en torno a no aplicar normativa vigente, sino que la práctica da cuenta de que más de 570 procesos disciplinarios han sido abiertos por causas gravísimas".
"Son los directores y directoras de cada establecimiento educacional quienes tienen las atribuciones de llevar adelante procedimientos que son disciplinarios", recalcó.