La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, pidió reconsiderar el dictamen de Contraloría que concluyó que excedió sus funciones como secretaria de Estado, al solicitar a la PDI antecedentes sobre funcionarios vinculados en una investigación penal en curso .
En un documento de 26 páginas presentado a la contralora Dorothy Pérez, la exautoridad acusó vicios y errores de derecho en el dictamen N° D344, que incluso dio pie a que la oposición evaluara una acusación constitucional en su contra.
"Eventual acusación constitucional"
Los argumentos de Steinert se basan principalmente en seis puntos, destacando que el dictamen se haya originado en una filtración "sin reacción institucional alguna frente a este ilícito" y que "se pretende invocar como fundamento de responsabilidades ulteriores, incluida una eventual acusación constitucional", indica el texto.
La solicitud sostiene además que Contraloría no se limitó solo a un control de legalidad, sino que habría realizado un juicio de mérito, oportunidad y conveniencia; asegura que sí estaba facultada para solicitar antecedentes secretos o reservados; y plantea que haber sido fiscal no era una causal suficiente para abstenerse en la solicitud realizada a la PDI.
El dictamen
El 1 de julio Contraloría respondió al requerimiento que buscaba revisar la legalidad del oficio reservado N°28 del 13 de marzo de 2026, realizado por Trinidad Steinert a la Policía de Investigaciones a solo dos días de haber asumido como ministra.
Contraloría estableció que la solicitud de la entonces ministra a la PDI "no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención".
Tras el oficio fue llamada a retiro la prefecta general de la PDI, Consuelo Peña, quien se relacionó con Steinert mientras ejercía como fiscal regional de Tarapacá, lo que despertó una serie de sospechas sobre los motivos de su desvinculación.
