La Subsecretaría de Justicia reaccionó a la resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago que ordenó suspender el proyecto de ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, iniciativa que ha sido cuestionada por la Municipalidad de Santiago y vecinos del sector.
A través de un comunicado, la repartición sostuvo que la decisión judicial corresponde a un dictamen de primera instancia y recordó que todavía existen mecanismos legales contemplados en el ordenamiento jurídico.
Gobierno destaca que aún existen recursos legales
"La resolución dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago respecto del proyecto de ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 corresponde a una resolución de primera instancia, por lo que aún existen etapas y recursos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico", señaló la Subsecretaría de Justicia.
La entidad agregó que continuará impulsando medidas destinadas a fortalecer la infraestructura penitenciaria del país, en medio del aumento de la población penal y del déficit de plazas carcelarias.
En el comunicado, la Subsecretaría enfatizó que el crecimiento de la población privada de libertad hace necesario avanzar en nuevos proyectos.
"La necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria del país se mantiene vigente. El aumento de la población penal y el déficit histórico de plazas carcelarias hacen necesario seguir avanzando en medidas que permitan ampliar la capacidad del sistema penitenciario", indicó.
Asimismo, aseguró que seguirá trabajando para desarrollar acciones que permitan enfrentar los desafíos en materia de seguridad pública, respetando las decisiones de los tribunales de justicia.
El fallo que celebró Mario Desbordes
La respuesta del Gobierno se produce luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago acogiera una solicitud presentada por la Municipalidad de Santiago y ordenara paralizar toda actuación relacionada con el proyecto ubicado en el sector Rondizzoni–Pedro Montt.
La resolución suspendió modificaciones al Plan Regulador, licitaciones, adjudicaciones, asignación de recursos públicos y cualquier trámite destinado a ejecutar las obras.
Tras conocerse el fallo, el alcalde Mario Desbordes valoró la decisión y afirmó que "no se puede hablar de una ampliación, sino de una nueva cárcel", por lo que, a su juicio, deben cumplirse todas las exigencias establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Además, hizo un llamado al Ejecutivo a buscar una ubicación alternativa para el recinto penitenciario, argumentando que la infraestructura carcelaria requerida por la capital debería emplazarse fuera de zonas urbanas consolidadas.
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