El Servicio Nacional de Aduanas, a través de la Aduana Metropolitana, presentó una querella en contra de una importadora a la acusa de contrabando reiterado de bienes declarados.
La empresa corresponde a Xiyu Internacional SpA, la que fue objeto de revisión de sus mercancías en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Las inconsistencias detectadas son:
- Declarar mercancías con valores significativamente inferiores a los reales
- Una vez iniciados los procesos de fiscalización, presentar facturas modificadas y comprobantes de pago que no correspondían a las operaciones, intentando justificar los montos inicialmente declarados.
“En la primera operación, se declararon 3.263 soportes de celular por un valor FOB de USD 986,99. Sin embargo, tras el aforo físico, los fiscalizadores detectaron 30 bultos con 3.246 unidades de productos diversos, incluyendo accesorios electrónicos, herramientas y artículos de distintas marcas, lo que evidenció inconsistencias sustantivas. Luego del proceso de valoración, Aduanas determinó un valor FOB real de USD 54.839,48, con tributos dejados de percibir por más de USD 11 mil”, reportó el Servicio en el comunicado.
“En el segundo caso, se declaró la importación de 1.885 productos —entre baterías externas, relojes inteligentes y accesorios— por un valor FOB de USD 4.506,60. No obstante, la revisión permitió detectar descripciones genéricas y falta de información clave para validar las mercancías. Aplicando el método de valoración correspondiente, se estableció un valor FOB real de USD 34.671,15, con impuestos eludidos por más de USD 7 mil”, añadió.
Producto de lo anterior, Aduanas incautó el total de las mercancías en ambas operaciones y denunció los hechos que dieron paso a la querella.
En la acción judicial, solicita una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, además de una multa superior a $431 millones, “equivalente a cinco veces el valor de las mercancías involucradas”, informó.
El director regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, destacó que “este caso refleja el trabajo coordinado de nuestras distintas unidades. La alerta temprana generada por la Unidad de Inteligencia y Análisis, junto con la labor de fiscalizadores y fiscalizadoras en terreno y el posterior trabajo del área jurídica, permitió levantar antecedentes sólidos y ejercer las acciones correspondientes”.
