El representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, pidió que se le de calidad de imputado en el marco de la investigación que realiza Fiscalía por eventuales delitos en los millonarios contratos que la entidad se adjudicó por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Los contratos de casi $426 millones fueron suscritos por el entonces seremi Carlos Conteras, quien renunció al cargo. ¿La controversia? Este último fue asesor de la diputada Catalina Pérez, mientras que Andrade era pareja de la legisladora. Todos militantes de Revolución Democrática, aunque se congeló la afiliación de Pérez y en el caso de los otros dos se pidió la expulsión.
Frente a los antecedentes, los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval presentaron una querella ante al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago donde aludieron directamente a Andrade. Ante ello, este último pidió al tribunal "que se me tenga como parte o interviniente en este procedimiento penal, en calidad de imputado, para todos los efectos legales” de la indagatoria que lleva Fiscalía.
"Ofrezco poner a disposición del Ministerio Público todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación, autorizando desde ya y de forma expresa el total acceso por parte del persecutor y órganos auxiliares a todas mis cuentas bancarias, donde consten cartolas bancarias que consignen o registren todas las operaciones de dinero que se hayan realizado, tales como depósitos, transferencias, captaciones u otras operaciones”, señala el documento suscrito por el otrora dirigente estudiantil.
Cabe señalar que Andrade renunció a su cargo de asesor en el Ministerio de Defensa cuando estalló el caso. Según informó La Tercera, sus abogados serán José Figueroa Elgueta, Germán Cueto Etcheberry, Juan Pablo Roncone Muñoz y Diego Sporman Uribe.
En tanto, el abogado de los legisladores republicanos, Sergio Rodríguez, aseguró que el fiscal nacional, Ángel Valencia, debiese asumir directamente la investigación.
"Se trata de un caso de corrupción masiva en distintas regiones, con participación de altos funcionarios públicos y al menos una diputada. Caso que, además, afecta directamente a un partido de Gobierno. Una defraudación pública nunca antes vista en monto, no puede sino ser investigada por la máxima autoridad, único modo de obtener absoluta independencia y autonomía", indicó a Emol.