Nueva Ley de Protección de Datos en Chile: el desafío estratégico y millonarias multas que enfrentan las empresas

La entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 21.719) se perfila como uno de los cambios regulatorios más trascendentales de las últimas décadas para el ecosistema empresarial chileno. Esta normativa no solo busca empoderar a los ciudadanos sobre el uso de su información, sino que también introduce un estricto régimen de sanciones que coloca la privacidad en el núcleo de la estrategia corporativa.

A diferencia del marco anterior, las empresas que infrinjan la nueva regulación se expondrán a multas que podrán alcanzar las 20.000 UTM.

Este impacto económico representa una amenaza real, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), obligando a todo tipo de organizaciones a auditar y reestructurar de inmediato la manera en que recopilan, almacenan y resguardan los datos de sus clientes, proveedores y trabajadores.

El fin de la informalidad digital: el riesgo de las planillas dispersas

Uno de los principales vicios operativos en las empresas es la falta de centralización de la información. Al respecto, Diego González, gerente general de Defontana, advierte sobre los peligros de mantener prácticas obsoletas:

"Muchas empresas todavía administran datos personales de forma dispersa, entre planillas, correos electrónicos y distintos sistemas. Con la nueva legislación, esa realidad representa un riesgo. El cumplimiento ya no dependerá únicamente de políticas internas o documentos legales, sino también de la capacidad de demostrar que la información se gestiona de manera segura, ordenada y trazable".

Para enfrentar este nuevo escenario, las organizaciones deberán superar desafíos críticos en el corto plazo:

• Visibilidad y control: Identificar con precisión qué datos personales administran, en qué plataformas se encuentran alojados y quiénes están autorizados para acceder a ellos.

• Centralización: Eliminar la dispersión de bases de datos en múltiples herramientas informales, un factor que eleva la exposición a filtraciones y errores humanos.

• Ciberseguridad transversal: Adoptar medidas técnicas robustas para la protección de datos. Bajo la nueva ley, la seguridad de la información deja de ser una tarea exclusiva del departamento de TI y pasa a ser una responsabilidad compartida por toda la organización.

Nuevos derechos para los usuarios y rediseño de procesos

La normativa fortalece significativamente los derechos de las personas sobre sus datos, incluyendo mecanismos de acceso, rectificación, eliminación y portabilidad. Esto implica un rediseño profundo de los procesos internos de las compañías, las cuales ahora deberán contar con la capacidad operativa para localizar información de forma ágil y responder oportunamente a las solicitudes de los titulares.

Como consecuencia directa, el mercado chileno experimentará una aceleración en la adopción de herramientas tecnológicas dedicadas a la gobernanza de datos. Asimismo, se prevé un aumento sostenido en la demanda de profesionales altamente especializados en áreas de cumplimiento normativo, privacidad y seguridad informática.