Bélgica pide extraditar a brasileño acusado de lavar 17 millones de euros de una organización criminal

El Reino de Bélgica solicitó a la Corte Suprema la extradición del brasileño Adelson de Oliveira Junior, por su presunta participación en una organización criminal que lavó activos de origen ilícito por más de 17 millones de euros. 

De acuerdo con los antecedentes obtenidos por Informe Especial, los hechos  que son tramitados por la Fiscalía de Bruselas se refieren a una asociación delictiva que creaba sociedades de fachada en sectores de construcción y limpieza, “muy propensos” al blanqueo de capitales, detalla el documento de la autoridad europea.

La petición apunta que “Adelson Divino de Oliveira Junior parece desempeñar un papel de liderazgo en la organización de lavado de dinero”, ya que otro de los miembros del grupo “se dirige a él como jefe”.

Uno de ellos —sigue— recibía las órdenes que daba de Oliveira y se encargaba de “dar seguimiento a las cuentas bancarias, llevar registros de las transacciones entrantes y salientes, realizar transferencias y encargarse de la recogida y entrega de dinero en efectivo”.

El (re)intento 

En 2025, el persecutor belga intentó extraditar al sujeto desde Brasil —donde residía—, pero enfrentó un problema legal: ese país no extradita a sus connacionales, al igual como ocurre con Alemania.

De esta manera, la captura de Adelson Oliveira se hizo cuesta arriba, pero en junio pasado Interpol informó que había ingresado a Chile para vacacionar.

A raíz de la información, el requerido fue apresado el 25 del mismo mes y —previo control de la detención— derivado al penal Santiago 1, según el informe del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El caso quedó en manos del ministro instructor de la Corte Suprema, Arturo Prado.

De Oliveira no es el único brasileño que ha enfrentado un proceso de extradición en Chile durante el último año.

Tal como reveló Informe Especial, Waldemy Wanderley es requerido en Estados Unidos por “conspirar” en la obtención y venta de autorizaciones falsas de transportes de especies.

A Renca

Durante la tramitación del caso, el Ministerio Público se hizo parte en representación del Reino de Bélgica y De Oliveira designó como patrocinante al abogado Lorenzo Guirriman.

El profesional solicitó al ministro Prado que la prisión preventiva fuera rebajada al arresto domiciliario total, ya que a su juicio no existía peligro de fuga; además explicó que su representado fijó una dirección en la comuna de Renca. A lo anterior agregó complicaciones de salud, tales como asma y otra de carácter renal.

Asimismo, arguyó que los antecedentes remitidos por Bélgica no cumplían el estándar procesal porque la conexión con los hechos indagados no se encontraba desarrollada en el requerimiento.

Por el contrario, la fiscalía le indicó a Prado que la aparente falta de claridad de la exposición de hechos se debía a problemas de traducción e interpretación, pero que —en cualquier caso— el imputado debía estar preso por su vinculación con causas de criminalidad organizada.

¿un olvido?

A mediados de agosto se realizó una audiencia para analizar las medidas cautelares y, pese a los argumentos de Guirriman, Prado mantuvo al brasileño tras las rejas.

Sin embargo, el profesional apeló a la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema, la que revocó la decisión y dejó al imputado con arraigo nacional, arresto domiciliario total y supervisión “mediante monitoreo telemático” (tobillera).

De acuerdo con el sistema del Poder Judicial, el Ministerio Público no se “anotó” para alegar en favor del Reino de Bélgica.

Cualquiera sea la decisión que adopte el ministro Prado sobre De Oliveira, esta debe ser confirmada o revocada por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema.