El Consejo de Defensa del Estado (CDE), interpuso una querella criminal en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, detallando distintos ítems desde donde se habría sacado el dinero del erario comunal entre 2015 y junio de 2019.
Dicho líbelo del CDE, presentado contra de quienes resulten responsables, apunta a un total de $10.400 millones.
Por ejemplo, aseguran que “se sustrajo del patrimonio municipal (...) la suma de $3.758.932.389, mediante la manipulación de la partida denominada 'Abonos en Cuenta Corriente Erróneamente Contabilizados u Omitidos'”.
Según la presentación, tenida a la vista por Informe Especial, lo anterior permitió que se apartaran fondos que ingresaron a la cuenta bancaria de la sede edilicia, “pero que fueron omitidos de la contabilidad oficial o registrados bajo glosas genéricas para impedir su control y permitir su libre disposición al margen de los fines públicos”.
El mecanismo
El organismo que defiende los intereses del fisco dice que ocurrió lo mismo con más de $402 millones en la llamada partida de “Cargos Cuenta Corriente No Registrados”.
Estas, advierten, corresponden a operaciones de los años aludidos, "las que fueron adicionadas al saldo bancario sin encontrarse registradas en la contabilidad municipal ni contar con antecedentes que permitieran justificar su origen y naturaleza”.
De esta manera —detalla el CDE— las acciones permitieron evitar los mecanismos de registro y control financiero.
Junto a las sumas antes detalladas, aseguran que también “se consumó la sustracción” de otros $6.300 millones en el acápite "Ingresos Contables no Abonados en Cuenta Corriente”.
Follow the money
Para el CDE, todo lo anterior permitió "el desvío directo de los fondos antes de que quedara rastro de ellos en el sistema bancario”.
Por ello, en la querella se solicitaron una serie de diligencias; entre ellas que la casa comunal remita un sumario administrativo.
También que la PDI analice la trazabilidad de los fondos no respaldados en las conciliaciones bancarias entre 2015 a 2019 y que sean interrogados en calidad de testigos los fiscalizadores de la Contraloría que tendrían conocimiento de los hechos imputados.
El caso está en manos de la Fiscalía Occidente.
"AuditorÍas externas"
Consultada sobre el tema, la Municipalidad de Pudahuel indicó "que esta querella se refiere al periodo de 2015 a 2019, previo a la actual gestión edilicia que comenzó en junio de 2021".
Además, "desde 2021 la gestión municipal ha contratado auditorías externas independientes para revisar la gestión financiera en el municipio y nos hemos sometido a auditorías financieras por parte de la Contraloría General de la República".
Con todo, remarcan que dicho trabajo les "ha permitido desarrollar planes de cumplimiento para resolver aspectos donde mejorar la gestión interna, pero en ningún caso situaciones que puedan compararse con los hechos denunciados".