Reportajes IE: Investigación y análisis en profundidad

El socio de Fodich conectado a la mafia china y las sospechas que apuntan a un banco clandestino

En base a la indagatoria, la red de sociedades del empresario asiático develan nexos con una oficina de contabilidad ligada al crimen organizado y un departamento en Barrio Meiggs indagado por operaciones de lavado de dinero.

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Hasta 21 años de cárcel: revive el reportaje "Megafraude: las licencias de la verguenza"

Este lunes el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia para los 17 responsables por la venta de licencias médicas fraudulentas, las que causaron unos $30 mil millones de pesos de perjuicio para Fonasa y las Isapres. El año pasado, el equipo de Informe Especial analizó cientos de miles de estos documentos para dar cuenta del Megafraude. Tras un exhaustivo cruce de datos que incluyó cada una de las 196.414 licencias médicas de cotizantes de Fonasa investigadas por la Fiscalía Oriente, fue posible identificar todas las entidades públicas y empresas privadas que fueron receptoras de estos permisos de reposo presuntamente fraudulentos emitidos por los médicos protagonistas de la trama. Las licencias revisadas suman más de 4 millones de días de reposo irregular. Es decir, unos 115 siglos: el equivalente a regresar el tiempo a la edad de piedra.

El Panda Financiero de Fodich: un socio lavador de dinero y $2.800 millones a la corredora del Caso Audio

La Fiscalía Supraterritorial estableció que el exfiscal oriente, Vinko Fodich, comparte la propiedad de la casa de cambios E-Panda con un sujeto condenado a 800 días por lavado de dinero, ligado a una organización criminal colombiana transnacional. En dicho caso, la empresa ayudó a lavar más de $700 millones, los que fueron transformados en criptomonedas. El expersecutor salió a defenderse y aseguró que el Ministerio Público hizo un trabajo “deficiente”.

Más de 10.900 años de cárcel: radiografía a los 339 condenados por crímenes de lesa humanidad en Chile

Una nómina de Gendarmería obtenida tras una disputa administrativa y judicial permite dimensionar las condenas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Casi ocho de cada diez condenados pertenecieron al Ejército, 31 acumulan más de un siglo de prisión y seis fueron sentenciados a presidio perpetuo. Un dato revelador es que seis de cada diez tienen registrada una fecha de inicio de condena recién a partir de 2021.

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Armas fantasma, peligro mortal 3D

Accedimos a una investigación inédita y compleja. Casi dos años de indagatoria a cargo de la PDI y la Fiscalía Supraterritorial dejaron más de 50 detenidos vinculados a una estructura digital con coordinadores, fabricadores y proveedores; entre ellos, al menos dos uniformados y varios menores de edad.

Caso de Natalia Hidalgo: formalizaron a su exconviviente por maltrato habitual cinco años después de su muerte

La familia de la víctima denuncia agresiones durante los años de relación. En tanto, la defensa del imputado pidió discutir el sobreseimiento de la causa por posible prescripción del delito. La hermana de la fallecida declaró en que llegarán hasta las últimas instancias para pedir justicia.

Los dueños del juego clandestino y los hilos ocultos tras la última operación contra la mafia Hongmen

Tras los detenidos a fines de junio por la Operación Muralla Oriental II, aparece un nombre que se repite. Se trata de Ping Lin, actualmente detenido —a la espera del juicio oral— por delitos de trata de personas con fines de explotación sexual a una mujer china y dos tailandesas; además de tráfico y tenencia de armas. En las diligencias también fue descerrajado un prostíbulo frecuentado por la elite china local y, a su vez, cayó otro "militante" fundador de lo que la fiscalía sindica como mafia Hongmen, quien tiene un vínculo de alto nivel: es socio del presidente vitalicio de un importante gremio de comerciantes chinos en Chile.

ISP prohíbe funcionamiento a locales de Farmacias Ahumada por incentivos ilegales en venta de medicamentos

Informe Especial pudo revisar documentos que dan cuenta de una llamada “campaña de fidelización”, consistente en “un pago en pesos por cada unidad vendida” de un listado específico de fármacos. Entregamos los antecedentes al ISP, que realizó una fiscalización que terminó con tres locales con prohibición de funcionamiento. “El Código Sanitario establece claramente que las personas involucradas en el mundo de vender medicamentos no pueden recibir ningún tipo de incentivo por el expendio de estos”, sostiene la autoridad. La Ley de Fármacos I lo prohíbe estrictamente desde 2014.