10.954 años. Casi 110 siglos de cárcel. Esa es la suma de las penas que Gendarmería de Chile registra para 339 condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Por sí sola, se trata de una cifra difícil de dimensionar. Además, entre los nombres incluidos en la nómina hay seis condenados a presidio perpetuo, sanción que por su naturaleza no puede incorporarse al cálculo final.
La base de datos reúne en una sola radiografía información hasta ahora dispersa sobre los condenados por violaciones a los derechos humanos. Hay generales, coroneles, brigadieres, oficiales, suboficiales, soldados y personal civil. Algunos acumulan varias condenas. Otros superan los cien años de prisión. Y una parte importante comenzó a cumplir sus penas cuando habían transcurrido casi cinco décadas desde los hechos por los que fueron juzgados.
Los números, tenidos a la vista por Informe Especial, muestran también una marcada concentración institucional.
De las 339 personas incluidas en el registro, 269 formaron parte o estuvieron vinculadas al Ejército. Representan el 79,4% del total y concentran cerca del 85% de los años de cárcel registrados. Mucho más atrás aparecen Carabineros, con 22 condenados; la Armada, con 18; Investigaciones, con 17; la Fuerza Aérea, con 12; y Gendarmería, con uno.
Pero acceder a la información tomó más de un año.
Con nombre y apellido
La información fue solicitada a Gendarmería el 19 de febrero de 2025, en el marco de la investigación periodística desarrollada para el libro El horror enmascarado. Mediante la Ley de Transparencia se presentó un requerimiento para conocer la identidad de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, las penas y los recintos donde se encontraban recluidas.
La respuesta llegó el 1 de abril.
Gendarmería entregó una planilla Excel con 339 registros. En ella aparecían los establecimientos penitenciarios, los grados, las instituciones de origen, las fechas de inicio y término de las condenas, las penas impuestas y los delitos.
Faltaba un dato fundamental: los nombres de los sentenciados.
La institución decidió mantener en reserva las identidades de los condenados. Sostuvo que su divulgación podría afectar la intimidad y la vida privada de los internos y que se trataba de datos personales protegidos por la legislación vigente.
La vía para impugnar ese criterio fue un amparo presentado ante el Consejo para la Transparencia. El argumento era simple: se trataba de personas condenadas mediante sentencias judiciales firmes, cuyos nombres ya constaban en resoluciones públicas del Poder Judicial.
La controversia, sin embargo, recién comenzaba.
El 15 de julio de 2025, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó a Gendarmería dar a conocer la identidad de los condenados. La institución no lo hizo. Representada por el Consejo de Defensa del Estado, recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar dejar sin efecto la decisión.
Pasaron otros nueve meses.
El 6 de abril de 2026, la Corte rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por Gendarmería y respaldó la entrega de las identidades.
Tratándose de personas que han sido juzgadas y condenadas en virtud de un proceso racional y justo por crímenes de lesa humanidad, existe un innegable y prevalente interés público en que la sociedad conozca la forma y las condiciones en que se cumplen tales sentencias. Los comportamientos ilícitos que motivaron las condenas rebasaron la esfera de lo privado para situarse de lleno en el ámbito público, resultando infundado sostener que revelar la identidad de quienes hoy cumplen condena activa vulnere su privacidad, toda vez que dicha identidad ya es pública por emanar de los fallos de los Tribunales de Justicia.
Extracto del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.
A pesar de esto, el Consejo de Defensa del Estado recurrió entonces ante la Corte Suprema. Tampoco prosperó. El 29 de abril, el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso de queja y sostuvo que el recurrente se había limitado a “reiterar o exponer nuevamente los mismos argumentos” planteados ante la Corte de Apelaciones, sin identificar de manera clara y específica las faltas o abusos graves que atribuía a sus ministros.
Finalmente, el 3 de junio de 2026, Gendarmería entregó la información solicitada.
Habían transcurrido 469 días desde la solicitud original.
La diferencia entre la primera planilla y la última era mínima, pero decisiva. Después de quince meses de discusión administrativa y judicial, a cada uno de aquellos 339 registros se le podía poner un nombre.
Era la pieza que faltaba para completar la radiografía de los condenados por delitos de lesa humanidad en Chile.
La suma de todas las penas
Al sumar las penas temporales contenidas en la nómina se obtienen 10.916 años, además de miles de días adicionales. Convertidos estos últimos, el total alcanza los 10.954 años de prisión.
Es un número enorme, pero una parte considerable de esos años se concentra en un grupo reducido de internos.
31 condenados acumulan más de cien años de cárcel. Nueve superan los 150. Y apenas 50 personas —menos del 15% de toda la nómina— concentran más de la mitad de los años de prisión registrados.
Los números corresponden a la suma de múltiples sentencias. El mayor acumulado consignado es el de Juan Hernán Morales Salgado, coronel de Ejército que ejerció como jefe de seguridad de Manuel Contreras y comandante de la brigada Lautaro: Gendarmería registra a su nombre quince penas expresadas en años, que van desde los cuatro hasta los veinte años de presidio, además de una condena de cien días. Sumadas, alcanzan 183 años y 108 días de cárcel.
Le siguen César Manríquez Bravo, general de brigada, con 182 años y seis días; Rolf Wenderoth Pozo, coronel, con 175 años y nueve días; y Álvaro Corbalán Castilla, teniente coronel, con 170 años y siete días de penas temporales, además de presidio perpetuo.
Morales Salgado murió a fines de 2025. En mayo de este año, Manríquez Bravo fue liberado por la Corte Suprema debido a una enajenación mental.
El dato obliga a hacer una precisión. La nómina constituye una fotografía de la población informada por Gendarmería a partir de la solicitud presentada en febrero de 2025. Durante los quince meses que demoró la entrega completa de los antecedentes algunos condenados fallecieron y otros terminaron de cumplir sus penas. Por esta razón, los 339 registros constituyen el universo sobre el cual Gendarmería entregó su respuesta.
Krassnoff y el club 2999
En el registro entregado por Gendarmería, Miguel Krassnoff Martchenko figura con fecha de inicio de cumplimiento el 28 de enero de 2005, el día en que la cúpula de la DINA fue encarcelada por el secuestro del militante del MIR Miguel Ángel Sandoval Rodríguez. Fue la primera de más de un centenar de sentencias condenatorias dictadas posteriormente en su contra. Según los fallos, el acumulado se eleva por sobre los mil años de presidio. Sin embargo, la suma de las penas consignadas por Gendarmería alcanza solo los 115 años y 10 días de cárcel.
La institución fue consultada sobre las diferencias entre las penas consignadas en la nómina y los acumulados que constan en sentencias judiciales. No hubo respuesta.
De acuerdo con la información entregada por la institución penitenciaria, el brigadier en retiro registra condenas por secuestro calificado, tormentos a detenidos, homicidio calificado y asociación ilícita. El secuestro calificado es, por amplio margen, la figura delictiva que aparece con mayor frecuencia en los datos de Gendarmería.
Como fecha de término para Krassnoff figura el 14 de marzo de 2999.
No es el único.
Otros seis reclusos tienen consignado el mismo año para la finalización de sus condenas. Se trata de Sergio Benavides Villarreal, Carlos Herrera Jiménez, Pedro Espinoza Bravo, Juan Chiminelli Fullerton, Alejandro Sáez Mardones y Álvaro Corbalán Castilla. A diferencia de Krassnoff, todos tienen la misma fecha de término: 31 de diciembre de 2999. Hay un matiz adicional: los seis internos tienen presidio perpetuo entre sus penas.
Krassnoff, en cambio, no registra ninguno.
Gendarmería tampoco formuló comentarios sobre el significado de las fechas fijadas en el año 2999.
Colina, Punta Peuco y San Joaquín
De la nómina entregada por Gendarmería se desprende que 197 sentenciados purgan condena en el pabellón Asistir del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, 135 se encuentran en Punta Peuco y las siete mujeres en el módulo Esperanza del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín.
El penal construido en Tiltil hace más de treinta años, en medio de la controversia por el inminente encarcelamiento de Manuel Contreras por el homicidio de Orlando Letelier, concentra proporcionalmente los mayores acumulados de penas temporales: sus 135 internos registran un promedio de 38,9 años de cárcel, frente a 28,2 años entre los 197 de Colina I. Además, 19 de ellos superan los cien años de prisión, equivalentes al 14,1% de la población consignada en ese recinto; en Colina I son 12, el 6,1%.
Mujeres condenadas
La presencia femenina es excepcional dentro de la nómina. Solo siete de los 339 condenados son mujeres, equivalentes al 2,1% del total. Todas aparecen asociadas al Ejército y tienen al menos una condena por secuestro calificado.
En conjunto, Gendarmería consignó 141 años y 11 días de cárcel para las integrantes del aparato represivo de la dictadura. La pena más alta corresponde a Teresa del Carmen Osorio Navarro, sargento segunda, con 35 años y cuatro días. Le siguen Rosa Humilde Ramos Hernández, suboficial, con 30 años y dos días; y Ema Verónica Ceballos Núñez, sargento primera, con 25 años y tres días. Estas dos últimas —Osorio y Ceballos— registran además condenas por homicidio calificado.
Desde el punto de vista jerárquico, una de las siete aparece con grado de oficial: Palmira Isabel Almuna Guzmán, teniente coronel, para quien la nómina consigna 22 años y un día de prisión. Las otras seis corresponden a grados de suboficiales o personal de tropa.
La fecha de inicio más antigua del grupo corresponde a Ema Ceballos, el 27 de abril de 2017. Fue la primera mujer condenada a una pena de cárcel efectiva en Chile por violaciones a los derechos humanos. En octubre de 2013, el ministro Mario Carroza Espinosa la sentenció a cinco años y un día de presidio en calidad de autora del delito de secuestro calificado, en el caso de los últimos cinco detenidos desaparecidos de la dictadura, ocurrido en 1987. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo y elevó la pena a diez años y un día, decisión que fue ratificada por la Corte Suprema en marzo de 2017.
Según la nómina, el ingreso más reciente es el de Joyce Ana Ahumada Despouy, quien comenzó a cumplir una condena de cuatro años el 25 de noviembre de 2024. Ninguna de las siete mujeres registra una fecha de inicio de condena anterior a 2017. Cuatro ingresaron a prisión a partir de 2021.
De coroneles a personal de tropa
Las condenas no quedaron circunscritas a los niveles inferiores de las instituciones.
Entre los 339 registros hay 42 coroneles, 25 tenientes coroneles, 21 brigadieres, 18 mayores, 6 generales de brigada y 3 generales de división, además de oficiales de la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones.
Al homologar los distintos escalafones para efectos del análisis, 154 de los condenados corresponden a oficiales de las Fuerzas Armadas o instituciones policiales. Otras 154 personas pertenecen a categorías de suboficiales o personal de tropa. Las 31 restantes aparecen registradas como personal civil.
La coincidencia es exacta: 154 y 154.
En el Ejército, que concentra por amplio margen la mayor cantidad de condenados, la distribución permite observar con mayor detalle la estructura. De sus 269 integrantes incluidos en la nómina, 114 eran oficiales, 129 correspondían a suboficiales o tropa y 26 aparecen identificados como personal civil.
Solo cinco grados —general de división, general de brigada, coronel, teniente coronel y mayor— reúnen a 85 condenados del Ejército.
No todos acumulan las mismas penas ni participaron en los mismos hechos. El grado tampoco permite, por sí mismo, establecer responsabilidad de mando. Esa determinación corresponde a las sentencias judiciales. Pero la fotografía muestra que las condenas no alcanzaron únicamente a quienes ocupaban los escalones inferiores de la estructura.
Secuestro y homicidio
Hay otro patrón que atraviesa la nómina.
De los 339 condenados, 206 registran al menos una condena por secuestro calificado. Representan el 60,8%.
El peso del secuestro calificado resulta especialmente significativo por la naturaleza de los procesos judiciales vinculados a detenidos desaparecidos. Uno de los fallos que marcó un punto de inflexión fue dictado por el ministro Alejandro Solís Muñoz, el 17 de noviembre de 2004, en el caso del militante del MIR Miguel Ángel Sandoval Rodríguez. Confirmada posteriormente por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, la sentencia estableció que el secuestro calificado constituye un delito de carácter permanente mientras no aparezca el cuerpo de la víctima o se establezca el destino de sus restos. Esa condición permitió descartar la aplicación de la amnistía y de la prescripción de la acción penal.
Otros 212 integrantes de la nómina de Gendarmería registran al menos una condena por homicidio calificado. Equivalen al 62,5%.
Los grupos se superponen. En 98 casos aparecen ambos delitos.
Pero las cifras deben leerse con cautela. La reiteración de un delito en la planilla no equivale al número de víctimas: un mismo hecho criminal puede haber generado condenas contra varios responsables.
Por eso, la unidad relevante no es cuántas veces aparece consignada una determinada figura penal, sino cuántas personas fueron condenadas por ella.
Seis de cada diez integrantes de la nómina fueron condenados al menos una vez por secuestro calificado.
Una proporción semejante registra homicidio calificado.
Medio siglo después
Hay un último dato que modifica la perspectiva temporal de esta historia.
Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, mayor de Ejército en retiro, tiene la fecha de inicio de condena más antigua de toda la nómina: 23 de octubre de 1999. Fue el día en que comenzó a cumplir la sentencia de presidio perpetuo por los homicidios del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro y del carpintero Juan Alegría Mundaca.
Después aparece el exjefe operativo de la CNI, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, el 25 de enero de 2000. Francisco Ferrer Lima inició en 2004; Pedro Espinoza Bravo, en 2006; Raúl Iturriaga Neumann, en 2007. Actualmente, Corbalán tiene 74 años; Ferrer murió a los 81, en septiembre de 2025; Espinoza cumplió 94 el pasado 19 de agosto; e Iturriaga tiene 88 años.
La demora también tuvo otro efecto. Algunos de los principales condenados por violaciones a los derechos humanos murieron después de cumplir solo una fracción de las penas acumuladas. Es el caso de Manuel Contreras. El exjefe de la DINA falleció el 7 de agosto de 2015. Totalizaba 529 años de presidio.
Solo ocho de los 339 condenados tienen una fecha de inicio anterior a 2010.
En el otro extremo están los últimos años.
En 2021, 44 personas ingresaron a cumplir condena en los recintos de Punta Peuco y Colina I. En 2022 fueron 37. En 2023, 63. Y en 2024, otros 59.
En apenas cuatro años, 203 personas —seis de cada diez integrantes de la nómina— iniciaron el cumplimiento de sus condenas.
El fenómeno atraviesa las jerarquías. Entre quienes ingresaron a cumplir condena entre 2021 y 2024 aparecen 87 oficiales: coroneles, tenientes coroneles, brigadieres, mayores y generales.
Los delitos que dieron origen a esas sentencias fueron cometidos hace alrededor de medio siglo.
Pero la cárcel llegó décadas después.
Para la mayoría de quienes aparecen en esta nómina, el cumplimiento de sus condenas comenzó recién durante los últimos años.