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Era auxiliar del Colegio Apoquindo

El bullado caso detrás de la única mujer pederasta beneficiada con rebaja de pena

El 17 de abril de 2026, forzado por la Suprema, el Ministerio de Justicia —encabezado por Fernando Rabat— acortó 16 meses la condena a una auxiliar que cumplía 15 años de cárcel por violación y abuso sexual. Se trata de la protagonista de una mediática causa penal que sacudió al Colegio Apoquindo en 2012, en la que también cayó su marido. En la arista civil, entre 2014 y 2023, las familias de las víctimas impulsaron una demanda buscando una millonaria indemnización del establecimiento. Allí aparece Rabat como contraparte: en su rol de abogado representó a uno de los dueños para intentar impedir que el colegio pagara una compensación.

Jonathan Flores Belmar, Paz Fernández Verdugo y Jorge Molina Sanhueza

Martes 10 de noviembre de 2026

Entre los 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad, beneficiados con rebaja de sus condenas bajo el gobierno de José Antonio Kast, no había trascendido el nombre de ninguna mujer... hasta ahora. 

Se trata de Margarita Angélica Villegas Lagos (55). De acuerdo con documentos tenidos a la vista por Informe Especial, fue condenada a 15 años de cárcel por violación y abuso sexual de menores de 14 años. 

Protagonizó un caso de alto revuelo, que golpeó el corazón de uno de los establecimientos ícono de la élite santiaguina: el Colegio Apoquindo.

Ella y su marido, Esteban Alonso Moya Godoy (56), vivían en una casa en el recinto y trabajaron por años como auxiliares de la institución hasta que estalló el escándalo en 2012. 

Según estableció la justicia, ambos llevaron a las víctimas hasta dicha vivienda para concretar los ultrajes.

Casi 14 años después, el nombre de la mujer volvió a la palestra. El 17 de abril pasado, tras un fallo de la Suprema, el Ministerio de Justicia —liderado por Fernando Rabat— le redujo 16 meses su condena de 15 años de cárcel, que originalmente terminaba el 2 de julio de 2027.

Y el caso de su pareja tiene una coincidencia relevante: Esteban también recibió el mismo beneficio, pero en diciembre de 2021, también por orden de la Suprema. En el marco de la misma causa, fue condenado a 11 años de cárcel y quedó en libertad tras recibir una rebaja de 22 meses por buena conducta. 

Un hecho de la causa, casi como una coincidencia del destino, vincula ahora al propio ministro Rabat con el caso. Entre 2014 y 2023, las familias de las víctimas impulsaron una demanda civil para intentar obtener una millonaria indemnización del colegio, los directivos y la pareja condenada.

El entonces abogado Fernando Rabat, hoy titular de la cartera y eje central de la polémica por las reducciones de condena, representó en aquella época a uno de los dueños del colegio: Sebastián Navarrete. En simple, litigó para intentar evitar que el colegio pagara la indemnización a las familias de las víctimas. 

En principio, los recurrentes exigieron un pago total $6.400 millones. Pero el fallo de primera instancia lo rebajó a $1.600 millones; en la Corte de Apelaciones bajó a $570 millones; cuyo monto fue confirmado por la Suprema a inicios de 2023.

Casa dentro del colegio

De acuerdo con la indagatoria penal de aquel entonces, Margarita y Esteban fueron condenados por violación de dos alumnos y abuso sexual de otros dos estudiantes. 

Ambos se desempeñaban como auxiliares. Ella durante 8 años y él alcanzó las dos décadas. 

Los dueños del colegio le permitieron vivir al interior del extenso recinto. La casa en cuestión estaba en un lugar de difícil acceso y contigua a un sitio eriazo.  

En aquella época, los propietarios eran María Eugenia Gandarillas Guzmán y Sebastián Navarrete Herrera, quienes ejercían como sostenedores, directores, dueños y controladores del grupo detrás del Colegio Apoquindo. 

En efecto, eran también directivos del establecimiento: Gandarillas ejercía como directora y Navarrete como director espiritual. 

La historia de este último es particular: fue coronel y capellán de la Fuerza Áerea, con 38 años de servicio; y al mismo tiempo presidió por 24 años la sociedad sostenedora del colegio.  

Al margen de las acusaciones contra el matrimonio de pedrastas, los cuestionamientos se centraron en los directivos del establecimiento. El escándalo escaló a tal nivel que, en 2014, acabaron vendiendo el colegio al Mayflower. Según The Clinic, la operación se encumbró sobre los $8 mil millones. 

En ese marco fue que los apoderados de las víctimas iniciaron el litigio civil contra los auxiliares, directivos y las sociedades controladoras del colegio.

Indemnización a la baja

Moya y Villegas fueron los únicos que no solo enfrentaron a la justicia criminal, sino también la civil.

Dicha trama se inició en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que en 2019 condenó a los aludidos —incluyendo a la firma dueña del recinto y a la directora María Eugenia Gandarillas— al pago de $1.600 millones en beneficio de los menores de edad afectados.

Las personas jurídicas y la propia Gandarillas recurrieron en 2020 a la Corte de Apelaciones de Santiago para modificar el fallo de primera instancia.

Luego de más de un año de espera, el tribunal de alzada capitalino dio por acreditados los hechos, pero modificó el monto y lo rebajó a $570 millones.

Sin embargo, los demandantes debieron esperar hasta 2023 para que la Primera Sala (Civil) de la Corte Suprema zanjara el asunto.

El máximo tribunal estimó que la cifra de $570 millones era la adecuada y que el análisis de los hechos de la Corte de Santiago era el correcto y que el colegio debía pagar.

La ruta del decreto

Según consta en el proceso judicial, tenido a la vista por Informe Especial, Margarita logró el beneficio tras una resolución de la Corte Suprema que obligó al Ministerio de Justicia a otorgarle la rebaja.

Todo partió en 2022, cuando presentó su petición. Pero la Comisión de Reducción de Condena decidió descartarla por considerar que quedaba excluida en el marco de la ley 19.856, que desde 2022 ya no permitía beneficiar a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. 

Por eso decidió acudir a la Corte de Apelaciones de San Miguel, que en 2023 falló a su favor y ordenó "resolver dicha petición conforme a la norma vigente a la época de comisión de los hechos". Es decir, en base a la ley que regía en 2012, en cuya época no se consideraba la exclusión para su caso. 

De todas formas, no fue calificada con conducta sobresaliente en el periodo 2022. Sin embargo, sí lo consiguió para 2023, 2024 y 2025. 

Por eso, en octubre de 2025 postuló al beneficio. Pero en febrero de este 2026 el Ministerio de Justicia, entonces liderado por Jaime Gajardo, rechazó la reducción de condena bajo el argumento de que la ley 19.856 no lo permitía para su caso. 

En marzo de este año volvió a la Corte de Apelaciones, pero esta vez apuntó contra la cartera de gobierno por negarle el beneficio. Nuevamente perdió, pero insistió ante la Suprema, que a mediados de abril pasado ordenó al "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, emitir en forma inmediata, el decreto que concede al amparado el beneficio de la reducción de condena establecido". 

Así las cosas, el 17 de abril pasado, la autoridad dictó el Decreto Exento 1152 para dar cumplimiento a la orden del máximo tribunal.