Fiscalía Supraterritorial investiga a exfiscal y empresarios por lavado de $5.790 millones

La Fiscalía Supraterritorial (FS) investiga a un exfiscal del Ministerio Público, por su vínculo con una organización criminal dedicada al lavado de activos de carácter nacional y presuntamente transfronterizo.

De acuerdo con los antecedentes obtenidos por Informe Especial, el persecutor indaga una asociación delictiva que componen al menos otros dos empresarios, uno de ellos de nacionalidad extranjera.

Las alarmas saltaron una vez que detectaron depósitos en efectivo por $5.790 millones asociados a los sujetos de interés. 

En ese contexto, la FS solicitó a un tribunal de garantía el alzamiento del secreto bancario de los aludidos, como también información sobre 30 personas jurídicas, entre las que se cuentan sociedades con una serie de abogados que pertenecieron al Ministerio Público.

Por ahora este medio se reserva las identidades de los sujetos de interés, atendido que se trata de un caso en curso. 

Transferencias cruzadas

Según los datos a los que accedió este medio, a través de esta multiplicidad de sociedades comerciales habrían efectuado transferencias cruzadas por más de $4.000 millones.

Todos esos hechos levantaron sospechas de lavado de activos.

En concreto, el modelo usado por la agrupación investigada incluiría la captación del dinero para ingresar al sistema financiero y así darle apariencia de legalidad.

Posteriormente, habría sido triangulado usando empresas del rubro cambiario, para eventualmente invertirlo e integrarlo en la banca. 

Rol central

Según pudo averiguar IE, el exfiscal investigado figura como socio de la principal empresa indagada (considerada clave en la presunta estructura criminal organizada).

En la misma, figura otro sujeto de interés de una importante entidad fiscalizadora internacional.

Desde la existencia de la Fiscalía Supraterritorial de mediados de 2026 —y a cargo de Miguel Ángel Orellana— esta sería la primera vez que se indaga a un abogado, en una causa de crimen organizado, por su eventual participación en una estructura delictiva.

Sujetos (no) obligados

En Chile, los juristas cuentan con el secreto profesional en el marco de su trabajo. Sin embargo, en el caso de este abogado no se cumpliría esa figura, ya que tendría participación directa en la propiedad de las empresas que componen la organización.

Actualmente, dichos profesionales no están dentro de los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, pero organismos internacionales instan a que Chile —y el mundo en general— avance en modificaciones legales para ello.

Existen en la actualidad 55 sectores que deben dar cuenta de actividades que puedan constituir lavado de activos. No solo los privados, también todo el Estado.