Militares encarcelados en Colina 1 interponen recurso contra Gendarmería por falta de acceso a salud

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite un recurso de protección interpuesto por 202 militares condenados por violaciones de Derechos Humanos, actualmente recluidos en el penal de Colina, conocido informalmente como Punta Peuco 2.

De acuerdo con la información recabada por Informe Especial, los exuniformados dirigieron la acción legal en contra del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez —además del alcaide del recinto— por falta de un acceso a la “atención sanitaria adecuada”.

“En su gran mayoría corresponden a personas adultas mayores, muchas de ellas de avanzada edad y portadoras de enfermedades crónicas o patologías propias del envejecimiento, tales como enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, afecciones respiratorias, problemas osteoarticulares, entre otras condiciones médicas que requieren control clínico permanente”, detalla el libelo, patrocinado por el abogado Ricardo Bravo.

Horas médicas

Según Bravo, la situación es “grave” porque los exuniformados “se encuentran bajo la custodia directa del Estado, el cual asume una posición de garante (...), debiendo adoptar todas las medidas necesarias para resguardar su salud y bienestar, especialmente tratándose de personas adultas mayores".

Y agrega que el asunto se torna aún más complejo “si se considera que la obtención de horas médicas, ya sea en el sistema público o privado de salud, requiere habitualmente ser gestionada con meses de anticipación, de modo que la falta de cumplimiento oportuno de dichas derivaciones provoca la pérdida de las horas médicas asignadas, obligando a iniciar nuevamente el proceso de agendamiento”.

El recurso fue ingresado la semana pasada ante el tribunal de alzada capitalino, en momentos en que el gobierno del Presidente José Antonio Kast dijo que evalúa aplicar el indulto tanto a uniformados vinculados a causas de Derechos Humanos, como también a quienes fueron sancionados penalmente por actos cometidos durante el estallido social de 2019.

Informe pendiente

La decisión de tramitar el recurso contó con la unanimidad de los ministros de la Primera Sala: Guillermo de la Barra, Lidia Poza y el subrogante Pablo Toledo.

En la resolución otorgaron un plazo de cinco días para que el servicio de prisiones evacúe un informe, donde deberá responder a la imputación de falta de garantías constitucionales aludidas por los condenados.

En todo caso, aún está pendiente la llamada Orden de No Innovar por la supuesta falta de atención e inquirir a la institución verde boldo a cumplir con la atención médica requerida.

Esta arista procesal quedó en manos de la Cuarta Sala de la Corte de Santiago y está pendiente su resolución.

Grupo variopinto

Dentro de los argumentos esgrimidos por el abogado Bravo se encuentra el incumplimiento de un oficio dictado en septiembre de 2023 sobre la priorización de personas privadas de libertad que presenten “emergencias de salud”.

“Dicho protocolo reconoce expresamente que la atención de salud de las personas privadas de libertad debe desarrollarse conforme a estándares internacionales de derechos humanos, tales como las Reglas Mandela, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, detalla el profesional.

Entre los recluidos destacan ex agentes de la DINA, CNI, Comando Conjunto, como también de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, condenados por delitos de lesa humanidad.