La Corporación del Cobre (Codelco) interpuso un recurso de amparo económico ante la Corte de Santiago, en contra de una resolución dictada por la Contraloría, que obliga a la estatal a que decisiones empresariales pasen por el trámite de toma de razón.
De acuerdo con la información a la que accedió Informe Especial, la presentación ya fue acogida a tramitación por el tribunal de alzada capitalino y ordenó al organismo fiscalizador evacuar un informe.
Los hechos en disputa comenzaron con la dictación de un oficio fechado en abril de 2026 y que ahora incide sobre el contrato con la minera Ascotan, una empresa coligada que operará junto a Codelco en la explotación del litio en el marco de la estrategia nacional del rubro.
“Es una exigencia completamente inédita (...) nunca en los más de 50 años de existencia de la Corporación, ésta ha dictado actos administrativos y —menos— ha sometido sus actuaciones al control preventivo de toma de razón y tampoco lo ha exigido, a pesar de haber revisado en múltiples ocasiones actos que tenían relación con sociedades en las que participa Codelco, sean filiales o coligadas”, destaca el escrito.
Sujetos de fiscalización
En efecto, los hechos materia de la presentación tiene su origen en la toma de razón, en diciembre pasado, del contrato entre Codelco y la minera no metálica Soquimich (SQM).
En la resolución que aprobó lo anterior, la entidad de control impuso una serie de obligaciones que —en lo formal— estableció cómo se realizaría la fiscalización y fijó límites legales en la alianza de carácter público-privada para la explotación del litio en el Salar de Atacama.
En la oportunidad, la CGR apuntó que —más allá de que Codelco tome decisiones de carácter empresarial— no puede saltarse en control estatal, aún cuando se trate de firmas coligadas.
“Las empresas en que el Estado tenga participación mayoritaria quedan sujetas a fiscalización de la Contraloría General, en cuanto al cumplimiento de las normas de derecho público aplicables”, detalla el oficio recurrido.
"Exigencia disruptiva"
Sin embargo, Codelco asegura que dicho criterio es errado y atenta contra el modelo de negocios en el contexto internacional en el que se desenvuelve.
“Se trata (...) de una exigencia tremendamente disruptiva para el funcionamiento y desempeño empresarial y es una alteración sustantiva del régimen jurídico y empresarial de Codelco”, insisten.
Por último, la minera aseguró que, además, la decisión de la CGR generará incertidumbre no solo en las compañías que ya están asociadas para la explotación del litio, sino en contratos futuros.
“Si la toma de razón se entiende como requisito de eficacia, queda en entredicho el alcance de su omisión respecto de una gran cantidad de sociedades en operación”, sigue la presentación.
La precuela
Hay que recordar que en 2017 —durante la administración del entonces contralor Jorge Bermúdez—, la CGR enfrentó un litigio judicial con la cuprífera respecto a las facultades para fiscalizar a la minera estatal.
El caso derivó en que un tribunal civil acogió a tramitación un recurso de nulidad de derecho público y paralizó en aquella época los efectos de la decisión del órgano revisor.
El litigio se extendió hasta 2022, cuando ambas partes llegaron a un acuerdo.