Denuncian que Programa de DDHH dejó sin representación a familiares en causa “Alfa Carbón”

Constanza Garrido, actual jefa del Programa de Derechos Humanos —órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda—, dejó sin patrocinio a Gabriel Ramos, abogado de dicho programa, quien estaba representando a los familiares de las víctimas de la llamada “Operación Alfa Carbón”. 

La decisión quedó en evidencia este martes. En la Corte de Apelaciones de Concepción se llevó a cabo una importante audiencia relacionada al caso: se discutió la sustitución de cárcel por arresto domiciliario del exCNI Jorge Mandiola Arredondo (75 años). En concreto, solicitó cumplir la pena en su casa por padecer una serie de enfermedades como diabetes y trastornos del sueño por la ansiedad que le produce el encierro.

El agente, que cumple presidio en el CDP de Casablanca, fue condenado en 2024 como coautor de cuatro delitos de homicidio calificado en la operación llevada a cabo el 23 y 24 de agosto de 1984, en la que fueron asesinados siete jóvenes miristas de entre 23 y 34 años, en las ciudades de Los Ángeles, Concepción y Valdivia. 

Pese a la ausencia del abogado Ramos, el pleno del tribunal de alzada penquista resolvió confirmar la sentencia; es decir, mantener a Mandiola en la cárcel. 

Este caso se suma al del viernes pasado, donde se conoció que la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó el término de cumplimiento de la pena de César Manríquez Bravo (95 años), condenado por delitos de lesa humanidad en la Operación Colombo. En ese marco, la asociación de funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos acusó que, pese a la obligación legal, la autoridad instruyó no apelar la decisión.

Téngase presente

De acuerdo con los hechos registrados en el Poder Judicial, dan cuenta de que para participar de los alegatos que tuvieron lugar este martes, el abogado se anunció el lunes por la tarde en el sistema judicial, tal como se exige habitualmente, en representación del Programa de Derechos Humanos. 

Sin embargo, horas más tarde, pasada la medianoche, la jefa Constanza Garrido ingresó un "téngase presente" a la Corte. 

En primer lugar, presentó sus credenciales para intervenir en dicho litigio (patrocinio y poder, en jerga legal).

Acto seguido, solicitó dejar "sin efecto el anuncio realizado por el abogado Gabriel Ramos Vieytes en la presente causa".  

De esta forma, este último quedó privado de representar al programa en dicho caso y, en su defecto, a los familiares de las víctimas.

Coincidentemente, en este emblemático caso uno de los fallecidos es Mario Octavio Lagos Rodríguez, padre de Tamara Lagos, quien a fines de marzo fue desvinculada de su rol como coordinadora del área de Archivo e Investigación del Plan Nacional de Búsqueda. 

¿Cambio de criterio?

En este contexto, familiares, abogados y conocedores del funcionamiento del programa apuntan a que estos episodios responden a un cambio de criterio de la actual administración. 

Puntualmente, el “Protocolo de actuación del Programa de Derechos Humanos en acciones jurisdiccionales de carácter constitucional relacionados con la solicitud de concesiones de libertad condicional y beneficios intrapenitenciarios”, suscrito por la Subsecretaría de Derechos Humanos el 15 de mayo de 2017, señala expresamente que la autoridad deberá apelar e impugnar resoluciones que rebajen la pena, cambien la modalidad de cumplimiento o agravien a familiares de las víctimas. 

De hecho, el viernes pasado la asociación de funcionarios recordó que el Programa de Derechos Humanos "históricamente se ha hecho parte en este tipo de decisiones" y cuestionó que "la autoridad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, apartándose de este precedente, instruyó no apelar, lo que va en contra de las obligaciones del Estado y del mandato legal de la propia institución”, remarcaron.

Asimismo, apuntaron que la competencia del programa fue "reconocida por la Corte Suprema en la causa Rol N°67.444 de 2016, toda vez que dice relación con la ejecución de las condenas impuestas por tribunales en estos procesos". 

"Órgano técnico"

El abogado Francisco Ugás, quien fue jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), expresó su preocupación ante el cambio de criterio bajo la actual administración.  

"El programa es un órgano técnico que no se puede tocar. Por disposición de la ley tiene por función apoyar a las familias y puede ejercer cualquier tipo de acción legal, así lo consagra el marco normativo que lo ampara", remarcó en conversación con Informe Especial.

"En el gobierno de Piñera nunca nos prohibieron recurrir una resolución; como sí está ocurriendo en el gobierno de Kast", añadió.  

"Uno ve que hay decisiones políticas y no hay claridad de los argumentos", afirma, lo que a su juicio también "genera desconfianza y revictimiza a los familiares".

Al margen, también aseguró que este tipo de decisiones "compromete internacionalmente la responsabilidad del Estado" en materia de justicia transicional. 

Otros casos

Al margen de estos casos vinculados a la Operación Colombo y Alfa Carbón, exfuncionarios del programa ponen sobre la mesa otro episodio reciente donde la autoridad también desistió de intervenir. Se trata de Héctor Osses Yañez, oficial de carabineros que estuvo a cargo de la Subcomisaría de La Granja en dictadura, condenado en 15 sentencias judiciales por 31 víctimas de desaparición y homicidio calificado, que está solicitando en las diversas causas donde fue condenado, cumplir las penas en libertad por encontrarse enajenado mental. 

Adicionalmente, también aluden al caso de Luis Palacios Torres en el Caso Mulchén (Rol N°159-2026), en la región del Biobío. En primera instancia, le fue acogida su solicitud para cumplir condena en libertad. Por ello el programa inicialmente presentó un recurso de apelación en contra de dicha resolución. Sin embargo, posteriormente su jefatura  se desistió del recurso de apelación interpuesto.

Mientras investigábamos los detalles de estos dos últimos casos, la mañana de este miércoles, el ministro de Justicia Fernando Rabat aseguró que este tipo de situaciones no responden a una instrucción suya. 

"Lo relevante es atender a lo que han señalado los fallos de los tribunales de justicia. Las sentencias, últimamente en la Corte de Apelaciones de San Miguel y en la Corte de Apelaciones de Concepción, han establecido que atender a la integridad, a la dignidad y la salud de personas condenadas cuando son mayores de edad, incluso en delitos de lesa humanidad, apuntan a respetar la dignidad de esas personas", aseguró.

En ese marco, recalcó que "el compromiso del Ministerio es respetar la memoria histórica. Supone también mantener todo lo relacionado con el Plan de Búsqueda. Hemos contratado a dos profesionales de excelencia, que están desarrollando su trabajo y van a seguir vinculados, no solamente a la atención de las áreas judiciales, sino también de archivo, digitalización y de historia de cada una de esas víctimas". 

Con todo, según apuntan conocedores de los casos aludidos, ninguna de estas decisiones fue informada a los familiares por parte de la autoridad, sino que se enteraron por medio de los abogados.