Durante este mes de abril se presentará en el Congreso el nuevo texto del proyecto de Ley Jacinta, por parte de los diputados Erika Olivera (Demácratas) y Cosme Mellado (PR). La iniciativa busca aumentar las exigencias a quienes deseen obtener o renovar su licencia de conducir. Además, plantea otras medidas de protección para las familias de las víctimas de accidentes viales.
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La Ley Jacinta surgió a raíz de la muerte de Jacinta González, una bebé de 5 meses de edad quien fue atropellada por un conductor de 80 años de edad.
El adulto mayor arrolló a la lactante y a sus padres luego de confundir el "pedal del freno con el del acelerador", según informó Carabineros en aquella ocasión.
Inicios de la Ley Jacinta
En enero de este año 2024 se inició la tramitación legislativa de este proyecto que, inicialmente, buscaba que todos los adultos mayores de 65 años se sometieran a una evaluación médica para conseguir un certificado que diera garantías de las capacidades físicas de la persona para acceder al documento.
En aquella instancia, el texto indicaba que "en el caso de las personas mayores de 65 años, se deberá anexar, además, un certificado médico emitido por un médico geriatra o neurólogo, que certifique, bajo su responsabilidad, que el solicitante a conductor o a renovar su licencia se encuentra con todas su capacidades físicas y motoras aptas para conducir un vehículo motorizado y que no padece ninguna enfermedad cuyo tratamiento afecte de cualquier forma su capacidad psicomotora para conducir".
No obstante, la propuesta no logró consenso y se determinó que se realizaran algunas modificaciones, las cuales serán presentadas dentro de este mes.
Tras el trágico hecho que afectó a Jacinta González, su familia ha participado en diversas reuniones junto con los diputados Erika Olivera y Cosme Mellado, y también con el equipo legislativo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset). Durante estos encuentros, se llevaron a cabo una serie de cambios a la Ley Jacinta, que será reingresado durante el mes de abril.
La modificación más significativa que tendrá esta propuesta, es que ya no se exigirá un certificado médico a los adultos mayores, sino que ahora se podrá pedir a todas las personas -desde los 18 años en adelante- en caso de ser necesario.
¿Quién decidirá en qué casos se debe pedir el certificado? De acuerdo a lo señalado por la abogada de la familia que impulsa la iniciativa, Liza Lucero, el médico de la Dirección del Tránsito de cada municipio será quien tendrá la facultad de pedir este documento.
"El objetivo más importante es prevenir los accidentes a través de un certificado médico -si lo amerita- que acredite que todos los postulantes, cualquiera sea su edad, desde los 18 años en adelante, tengan la aptitud física para conducir un vehículo motorizado", enfatizó.
En este contexto, reveló que "para esto se presentará una norma que permita a las Direcciones de Tránsito municipal revisar con mayor exhaustividad la condición de salud, a quienes requieran este documento. De esa forma vamos a asegurar que todas las personas tengan la salud compatible con una actividad tan peligrosa como es la conducción. Proponemos que se solicite un certificado médico sólo en el caso que el médico de la Dirección de Tránsito lo considere necesario".
Ley Jacinta: protección a la familia de las víctimas
Otro de los objetivos más relevantes que tendrá esta iniciativa, será el que busca proteger a las familias de las víctimas que se vean involucradas en accidentes de tránsito, tal como sucedió en el caso de Jacinta González.
"El segundo objetivo de la Ley Jacinta es la protección de las víctimas en caso de que se produzca un accidente. Y en ese caso buscamos una serie de medidas, que son el fuero laboral por el lapso de al menos 6 meses para el caso de papás que hayan perdido hijos menores de edad a causa de un accidente; o que la SIAT tenga un plazo acotado de 120 días para la emisión de su informe para que llegue a la Fiscalía y así se pueda apurar el proceso", precisó el abuelo de la menor de edad, Max Schnitzer.
Junto con lo anterior, planteó que "otra de las medidas de protección que consideramos importante es que el juez de garantía -a proposición del Ministerio Público o del querellante- asegure bienes para que se pueda pagar una futura indemnización a la familia que son las verdaderas víctimas y así el imputado no pueda deshacerse de sus bienes en el transcurso del juicio".
En el texto, además, se propone que "el seguro SOAP sea activado por la institución de salud que atiende a las víctimas y así esa indemnización llegue lo antes posible a las familias para los pagos que son tan necesarios en una situación como ésta", según dijo la abogada.
También, el proyecto plantea que, en caso de accidentes mortales, el cuerpo de la víctima sea levantado dentro de tres horas, para que no sea expuesto al público tanto tiempo. Asimismo, señala que los responsables de estos incidentes que se den a la fuga, sean considerados como un "peligro para la sociedad", con el fin de lograr la prisión preventiva.
Sobre estas modificaciones, Max Schnitzer dijo que "con estas medidas esperamos que la Ley Jacinta pueda avanzar en la Cámara de Diputados al Senado, y sumado al apoyo del Gobierno que seguramente llegará en la tramitación, lograremos aprobar esta norma tan importante que busca reducir los accidentes de tránsito y las muertes por estos hechos en el país", según consignó La Tercera.