El Segundo Juzgado de Policía Local (JPL) de Santiago aplicó dos multas de una UTM ($136 mil en total) a dos vehículos asignados a ministras de la Corte Suprema. Todo por el uso de las vías exclusivas para el transporte público ubicadas alrededor del máximo tribunal.
Según información obtenida por Informe Especial, el fallo del JPL fue dictado en octubre de 2024 a uno de los vehículos y respecto del segundo auto ocurrió lo propio en febrero pasado.
En ambos casos, de acuerdo a fuentes conocedoras del asunto, la Corporación no habría sido notificada de las infracciones.
De esta manera, cuando el 31 de marzo la CAPJ concurrió a renovar los permisos de circulación se encontró con que el sistema arrojaba multas impagas. Como el plazo era perentorio para conseguir la autorización vehicular, la entidad optó por pagar los partes.
Reclamo fallido
Una vez conocidas las infracciones, la Corporación Administrativa del Poder Judicial —a cargo de los bienes de la judicatura— concurrió al citado tribunal para reclamar la resolución. En buen chileno, a “sacarse el parte”.
Pero no obtuvieron los resultados esperados, pues la magistrada a cargo negó la “existencia del expediente” y acto seguido no otorgó “la audiencia solicitada”.
Fuentes de la CAPJ consultadas por este medio manifestaron su extrañeza por el comportamiento de la funcionaria, ya que los vehículos que usan los supremos cuentan con una autorización emanada del Ministerio de Transportes —a raíz de la ubicación del Palacio de Tribunales— para desplazarse desde los estacionamientos bajo la Plaza Montt Varas hacia calle Compañía, lo que les permite doblar a la derecha en San Antonio y luego tomar Agustinas (para ir al oriente) o Moneda (en caso de ir al poniente).
De ese modo, los autos de los jueces pueden entrar y salir de dicha zona céntrica, que en horario punta sólo permite el tránsito de locomoción colectiva.
A la Corte de Apelaciones
En rigor, fue una abogada de la CAPJ quien se apersonó días después en el Juzgado de Policía Local para exponer la situación, con miras a anular la resolución. Como no tuvo suerte, interpuso un recurso de apelación para revocar las multas.
Sin embargo, la magistrada del JPL estimó que los argumentos esgrimidos no eran admisibles, ya que al haber pagado el permiso de circulación se entendía admitida la infracción.
Ante ello fue que la Corporación resolvió recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, para que sea ese tribunal superior el que anule la decisión que afecta a los vehículos de la Suprema.
El libelo fue ingresado el pasado 2 de mayo y se espera que en los próximos días sea resuelto. En tanto, en los pasillos de tribunales se comenta que —obviamente— el fallo será revocado en todas sus partes y la CAPJ recuperará el dinero íntegramente.
Al respecto, consultada sobre el tema, la entidad ratificó a IE lo sucedido y explicó que se encuentran a la "espera de una resolución favorable del tribunal de alzada, conforme a los hechos presentados y a que se ha actuado conforme a la ley y permisos otorgados por la autoridad". De paso, compartieron el oficio de la autoridad que le permite a los vehículos institucionales transitar por las vías mencionadas.