En el marco de una larga disputa, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) y resolvió que el Gobierno debe entregar los correos de los otrora asesores de la Presidencia de la República, Miguel Crispi y Carlos Durán.
Puntualmente, la determinación del tribunal de alzada capitalino apunta a las comunicaciones enviadas y recibidas por ambos entre el 14 y el 18 de octubre de 2024, y que guardan relación con las gestiones de reemplazo del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
El médico, hasta ese entonces la autoridad a cargo de la relación con las policías, salió del Gobierno en medio de la polémica tras ser acusado de violación y abuso sexual por una subalterna.
En ese contexto, fue el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) quien realizó la petición mediante Ley de Transparencia para acceder a los correos de Crispi y Durán, cuyo requerimiento fue denegado en primera instancia por la Presidencia de la República.
Correos "inexistentes"
Ante la negativa inicial, el parlamentario escaló el asunto al Consejo para la Transparencia, el cual le dio la razón el pasado 6 de mayo y ordenó ejecutar la entrega de todos modos.
Ante dicho escenario, La Moneda decidió insistir en su punto y, mediante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), activó los mecanismos para interponer un recurso de ilegalidad contra la determinación del CPLT ante la Corte de Apelaciones, invocando que dicha información tiene carácter de reservado.
Sin embargo —según recoge la resolución de la Corte— ante el tribunal de alzada la Presidencia presentó un argumento nuevo, que no fue alegado en el proceso administrativo previo ante el CPLT.
En su comparecencia, Marcelo Chandía Peña, abogado procurador fiscal del CDE, expuso que tales comunaciones eran "inexistentes"; es decir, que no habría "correos electrónicos que digan relación con las gestiones de reemplazo del exsubsecretario Manuel Monsalve" en el periodo solicitado.
En ese sentido, el tribunal reprochó el asunto y recalcó que "este nuevo argumento afecta el principio de congruencia procesal".
Con todo, al margen de los esfuerzos del Gobierno, las ministras Elsa Barrientos, Marisol Rojas y Magaly Correa determinaron durante la tarde del martes que lo resuelto por el Consejo para la Transparencia se ajustó a derecho.
Dicho de otra forma, rechazaron el reclamo de ilegalidad presentado por La Moneda y confirmaron que los correos deben ser entregados.
La Última opción
Por otra parte, la Corte de Apelaciones también remarcó que "resulta evidente" que los correos son documentos generados "utilizando equipamiento de propiedad del Estado, para el ejercicio de sus competencias públicas. En consecuencia, a juicio de esta Corte, la información es susceptible de ser requerida, detentando una naturaleza eminentemente pública".
En tanto, el tribunal también afirmó que no puede concluirse que "el acceso a los correos electrónicos solicitados provoca afectación de las garantías constitucionales" o a la vida privada de los titulares de los mails.
Lo anterior, sobre todo considerando que previo a la entrega de información se ordenó tarjar los datos personales que pudieran estar contenidos en los correos.
Con todo, el tribunal aseguró que la Presidencia aún tiene la posibilidad de probar que dichos correos institucionales no existen. "La inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la administración de su obligación de entregarla, sino que la alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarlo fehacientemente", remarcó la resolución.
De todas formas, el diputado Lagomarsino recibió la determinación con optimismo:
—Valoro el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago en aras de que haya transparencia absoluta en un caso que ha golpeado tan fuertemente al país. Se debe resguardar el principio constitucional de transparencia y llamo a que se de a conocer toda la información dado este fallo y no se apele a la Corte Suprema después de que tanto el Consejo para la Transparencia como la Corte de Apelaciones de Santiago me dieron la razón —declaró tras ser consultado por Informe Especial.
En tanto, hasta ahora el Gobierno no ha anunciado si recurrirá al máximo tribunal o bien se abocará a demostrar que los correos exigidos no existen.