De acuerdo a información obtenida por Informe Especial, la Contraloría General de la República realizó una serie de cuestionamientos a los controles de tránsito realizados por la policía uniformada.
La revisión del ente fiscalizador, que quedó plasmada en la auditoria 158, reveló que aunque realizaron controles de identidad a 144 personas, no las detuvieron pese a que contaban con órdenes de aprehensión pendientes por delitos graves como tráfico de drogas, microtráfico, abuso sexual, “porte ilegal de arma de fuego e infracciones a la Ley de Tránsito, entre otros”·
Asimismo, entre 2023 y 2024 Carabineros fiscalizó a 626 vehículos con encargo por robo, pero nunca los retiró de circulación como manda la ley.
La situación es aún más grave, según estableció el organismo de control, porque en más de 145 mil controles de tránsito Carabineros no ingresó al llamado Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) para consultar las patentes y así acreditar cuál era la situación legal de los autos fiscalizados.
Entre las anualidades mencionadas, se suman más anomalías de la institución verde oliva. Ocurre que fueron cursados 869 partes con sus respectivas citaciones y en todos los casos los vehículos incumplían la ley. En otras palabras, pese a que correspondía, no fueron retirados de circulación.
La CGR explicó que “circulaban sin placa patente, permiso de circulación, seguro obligatorio de accidentes personales, certificado de revisión técnica u homologación individual. También se consideraron casos en que circulaban con la placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo o de motor adulterados o borrados”.
Aparcadero lleno
Adicionalmente, la entidad apuntó a que la normativa actual prohíbe usar vidrios polarizados que no permitan ver a los pasajeros de un vehículo y que, para determinar la transmisión luminosa permitida, se debe contar con tecnología para su medición. Sin embargo, según detalló la entidad revisora, la institución policial no cuenta con dispositivos para ello.
En su respuesta, la zona costa de Carabineros argumentó que no pudieron “hacer el retiro de los vehículos infractores, ya que el aparcadero municipal (de Melipilla) se encuentra con su capacidad máxima desde 2024”.
Por esta razón, la Contraloría realizará un sumario administrativo para establecer las responsabilidades funcionarias y envió los antecedentes al Ministerio Público para que evalúe el inicio de una investigación.
Reproche tras reproche
Al margen, no son los únicos cuestionamientos que Contraloría ha realizado a Carabineros. Recientemente, otra auditoría reveló que la autoridad fiscalizadora encontró más de 200 armas, algunas de ellas inscritas a nombre de personas fallecidas; y otras tantas con antecedentes penales.
La CGR también ordenó la realización de una indagatoria administrativa y puso en conocimiento de la fiscalía estos hechos que -se presume- tienen caracteres de delito.
Se detectaron 159 reinspecciones, asociadas a 223 armas vinculadas a 153 personas, en las cuales “los usuarios registrados de armas que mantenían condenas, no fueron hallados en los domicilios o el arma no fue exhibida en la fiscalización, sin que la autoridad realizara la correspondiente denuncia al Ministerio Público”, detallan las conclusiones del ente fiscalizador.