La Corte Suprema, el pasado 30 de abril, emitió un fallo que podría sentar un precedente. Luego de una extensa batalla iniciada por la Defensoría Penal Pública Metropolitana Norte (DPPMN), el tribunal de última instancia falló a favor de más de una decena de imputados con padecimientos de salud mental que se encontraban presos a la espera de una cama psiquiátrica.
Dicha disputa se inició el 9 de noviembre de 2023, cuando las abogadas Sandra Haro y Andrea Quinteros de la Unidad de Estudios de la DPPMN interpusieron un recurso de protección en favor de dicho grupo, que en sus respectivos procesos fueron víctimas de vulneraciones y, en algunos casos, incluso los llevó a la muerte.
Lo que la ley contempla para estas situaciones, a la espera de un peritaje que determine inimputabilidad, es la “internación provisional del imputado en un establecimiento asistencial”.
Si bien la normativa no especifica a qué establecimientos se refiere, lo cierto es que las instituciones que suelen ser requeridas por los tribunales son los establecimientos especializados, como el Hospital José Horwitz Barak y el Hospital Philippe Pinel, quienes argumentan por su parte no tener cupos para dar abasto a tantas atenciones. ¿En la práctica, dónde son derivados los imputados ante esa carencia? A la cárcel.
“Cárcel y muerte a la espera de un psiquiátrico” fue el título del reportaje de Informe Especial que dio cuenta de estos hechos. Según la investigación periodística realizada, desde que se presentó el recurso de protección de la Defensoría, tres imputados con problemas graves de salud mental fallecieron en cárceles en las que, según la ley, nunca debieron estar.
"Amenaza arbitraria e ilegal"
El primer portazo al recurso de protección fue el 21 de marzo de 2024, cuando fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago: “El reproche en definitiva dice relación con la falta de implementación de políticas públicas para enfrentar la problemática de déficit de lugares para los exámenes mentales e internación, en su caso, de personas con enfermedades psiquiátricas imputadas de delitos, materia propia del Poder Ejecutivo, de manera que lo pedido excede los fines propios de esta acción cautelar”, argumentó el tribunal de alzada capitalino.
Sin embargo, esta decisión fue revocada la semana pasada por la Corte Suprema. El máximo tribunal estimó que existía una “amenaza arbitraria e ilegal de garantías” de los imputados con enfermedades de salud mental, que los informes de facultades mentales no se realizan en un plazo razonable y que “no existe fundamento legal que justifique las condiciones de ejecución de la medida de privación de libertad que les afecta”.
Por estos argumentos, finalmente fue acogido el recurso de la Defensoría y dispuso que “dentro del término del décimo día, se ponga a los referidos imputados a disposición del establecimiento asistencial clínico al que deba efectuarse el traslado de los mismos, informando de manera previa y oportuna a Gendarmería de Chile para la ejecución de lo dispuesto, elaborándose el informe pericial sobre la imputabilidad por enajenación mental respectivo”.
Golpiza en el Módulo 88
La historia de Gustavo González fue una de las abordadas en el reportaje de Informe Especial. Diagnosticado con esquizofrenia paranoide, sus familiares relataron que desde la adolescencia empezó a presentar episodios de descompensación.
El peor de estos episodios ocurrió el 4 de noviembre de 2023 cuando, durante el almuerzo y tras haber vuelto de la feria, hirió de gravedad a su madre y a su hermana con un cuchillo. Según el relato que sus familiares dieron a Informe Especial, a los pocos minutos del ataque Gustavo recapacitó sin entender lo que había pasado.
Cuando fue pasado a control de detención, el tribunal decretó la internación provisional y que lo llevaran al Hospital José Horwitz Barak. Pero, al no haber cupos para internarlo, terminó en Santiago Uno.
Deambuló por distintos módulos sin poder adaptarse, mientras su defensa insistía en que se le sacara de la cárcel, algo que nunca prosperó por las listas de espera. En el módulo 88 fue víctima de una golpiza que provocó que el 21 de diciembre su defensora, un juez y su padre lo visitaran de urgencia. Lo vieron en pésimo estado, con un ojo muy deteriorado y sin capacidad de comunicarse. Al día siguiente, falleció de un paro cardiorrespiratorio.
Gustavo escribía sus pensamientos en cuadernos. A veces hacía poemas, otras veces dibujos, incluso ejercicios matemáticos. Su caligrafía variaba según el estado mental en el que se encontraba, y constantemente hacía reflexiones de su enfermedad. En uno de esos cuadernos escribió: "La vida no ha parado de correr, y yo no la he podido seguir. La vida no me esperó".
Más allá de Gustavo, si bien muchos de los recurrentes pudieron solucionar la situación en que se encontraban cuando presentaron el recurso en 2023, quienes empujaron el fallo destacan que la resolución de la Suprema podría sentar un precedente en esta materia.