El Registro de Empresas de Transporte (EAT), principal pilar para la implementación de la Ley Uber, sigue en suspenso. A mediados de agosto, la Subsecretaría de Transportes (Subtrans) dio término al contrato con el proveedor que estaba a cargo de desarrollar la plataforma tecnológica, cuyo funcionamiento iba a permitir dar curso efectivo a las nuevas disposiciones de la normativa.
Se trata de Concordia Ediciones SpA, propiedad de Edgardo Montecinos Mundaca, que vía trato directo se adjudicó el trabajo en agosto de 2024 a cambio de 9.997 UF, sumado a otras 2.999 UF por una extensión del contrato en marzo pasado. En total, más de $513 millones.
En rigor, la nueva Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte —más conocida como Ley Uber— fue promulgada en abril de 2023. Y a inicios de 2025, tras dos intentos fallidos, Contraloría tomó razón del reglamento.
Con este último paso, administrativamente hablando, desde hace casi seis meses está todo listo para que sea publicado en el Diario Oficial. Y con eso, 30 días después sencillamente entrarían en vigor las nuevas exigencias, que buscan igualar la cancha respecto de los taxis. Por ejemplo, después de 12 meses les exigirán licencia de conducir profesional, además de situación migratoria regular para los choferes extranjeros y una cilindrada mínima de 1.600 centímetros cúbicos para los autos.
En ese contexto, el propio subsecretario de la cartera, Jorge Daza (PS), declaró a inicios de año que estimaban que la ley estaría operando durante el primer semestre de este 2025.
Pero nada de eso ha pasado. Primero es necesario echar a andar el registro, que el Ministerio de Transportes (MTT) esperaba dejar funcionando antes del cambio de gobierno en marzo 2026, pero cuyo plazo límite —según fuentes de Informe Especial— actualmente se avizora imposible de cumplir.
Tal como exige la nueva ley, en la plataforma deberán alojarse millones de datos, como la identidad de conductores, pasajeros y los viajes de todas las plataformas que operan en Chile.
Procesos fallidos
Según consta en los registros de Mercado Público, la plataforma de licitaciones del Estado, desde el principio fue complejo para la Subsecretaría de Transportes encontrar una empresa idónea para implementar el registro.
En un primer intento, en marzo del año pasado, sólo se presentó un oferente y terminó descartado, entre otras cosas, porque su propuesta superaba el presupuesto máximo de 8.126 UF estimado en las bases. Es decir, menos que lo que finalmente se terminó pagando en el truncado trato directo con Concordia.
Dos meses después, en mayo 2024, la autoridad volvió a abrir otro proceso de licitación. En esta segunda instancia, si bien se presentaron nueve empresas, el proceso también acabó declarado desierto en julio 2024.
Entre ellas fue descartada la propuesta de Catena Ingeniería y Servicios Limitada, pues —según se determinó en la evaluación— la garantía de seriedad de la oferta que presentaron no cumplió con la vigencia mínima exigida en las bases.
Por su parte, Concordia Ediciones SpA no participó en ninguno de los dos procesos.
Equipo "reciclado"
Pese a todo lo anterior, al mes siguiente, tal como consta en el contrato del 26 de agosto de 2024, el subsecretario Jorge Daza se inclinó por Concordia —vía trato directo— para el desarrollo de la ansiada plataforma de registro.
En rigor, lo que se pactó en ese entonces fueron 8.540 horas de trabajo de desarrollo, lo que no implicaba necesariamente la entrega del producto terminado. Por esa razón, el 13 de marzo pasado, se modificó el pacto inicial y sumaron otras 2.562 horas de trabajo para que sigueran avanzando.
Al margen, en el contrato quedó en evidencia una situación llamativa: el equipo de trabajo ofrecido por Concordia incluyó a seis profesionales de Catena, una de las empresas desechadas previamente en las licitaciones desiertas. En simple, podría decirse que "reciclaron" parte de ese equipo.
Tal como consta en la documentación del contrato, dejaron a cargo a Jorge Valdés, uno de los principales dueños de Catena. En efecto, sin entrar en la propiedad de Concordia, él fungió en el cuestionado proyecto como "Líder Técnico Senior".
Para el proceso fue asignado como contraparte técnica Dennis Quezada, entonces jefe de la División de Gestión, Tecnología y Procesos de la Subtrans. Según explicaron fuentes de Informe Especial, era un funcionario de confianza del subsecretario Daza, que —de hecho— en un principio arribó como jefe de gabinete de la autoridad y luego asumió el mando del área clave para la implementación de la Ley Uber.
En el proceso, conocedores de la interna señalaron que las falencias de Concordia se hicieron visibles desde un principio, lo que llevó inevitablemente a que la subsecretaría decidiera dar término al contrato en agosto pasado.
Volver a empezar
Tras el fracaso, la situación habría desencadenado tensiones al interior de la cartera de Transportes. Sobre todo considerando que tanto Daza como el propio ministro Juan Carlos Muñoz habían prometido que la plataforma iba a estar disponible en la primera mitad de 2025.
Sin embargo, quienes han observado el proceso aseguran que será imposible cumplir con el registro este 2025 y ni siquiera al cierre de este Gobierno en marzo próximo.
De acuerdo con fuentes de Informe Especial, ante los problemas el gabinete del ministro decidió asumir directamente el proceso y este 1 de octubre comenzaría la nueva empresa que tendrá que concretar —ahora sí— el registro que permita implementar la Ley EAT.
En ese contexto, advierten que el MTT saldrá a decir públicamente que el nuevo proveedor trabajará sobre lo desarrollado por Concordia, pero que en realidad es necesario "hacer todo desde cero".
"Nos dijeron que lo que se había hecho para lo único que servía era como ejemplo de cómo no se hacen las cosas", confidenció un funcionario.
Con todo, según fuentes de IE, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Transportes (Anfutrans) se reunió el pasado jueves con el ministro Muñoz para hacerle ver la gravedad del asunto.
Más dinero sobre la mesa
La nueva empresa encargada del desarrollo también asumirá sus funciones vía trato directo, ante la necesidad urgente del servicio y el retraso que arrastra la implementación, aunque incluso internamente no han confirmado de quiénes se trata.
Según fuentes de Informe Especial, lo que sí está claro es que recibirán $800 millones de pesos por el servicio, incluso más que los $513 millones que se pactaron en el truncado contrato de Concordia.
En tanto, mientras algunos reprochan en reserva el nuevo monto asignado, al mismo tiempo destacan que Dennis Quezada ya no será la contraparte técnica en el proceso. De hecho, pese a que la implementación quedará en manos del ministerio y no de la subsecretaría, adelantan que de todos modos él ya no seguirá en su cargo, pues desde la semana pasada figura de vacaciones y a partir de este 1 de octubre asumirá un nuevo jefe en la División de Gestión, Tecnología y Procesos.
A nivel político, en tanto, el ministro Juan Carlos Muñoz habría decidido tomar distancia del subsecretario Daza a raíz de los problemas que la situación ha generado. En particular, según revelaron conocedores de la interna, la molestia del titular de la cartera pasaría porque deberá ser él quien deba asumir los eventuales reproches por el retraso en la implementación de una normativa clave en materia de transportes.
Fuentes de la industria, por su parte, también han expresado su preocupación. Según confidenciaron a este medio, han tenido escasa comunicación con la autoridad y desde abril a esta parte no han recibido las indicaciones sobre cómo se operacionalizará la entrega de los datos que exige la ley. En ese sentido, enfatizaron que se trata de un proceso de alta complejidad y que, en la mayoría de los casos, requiere una preparación de al menos dos semanas para ponerlo en marcha.
Al margen de eso, previamente ya han señalado sus resquemores respecto del tratamiento de los datos por parte del Estado, en particular considerando que se trata de información sensible, incluyendo la identidad de conductores, patentes de los vehículos y registros de viajes de los pasajeros.
Pese a las reiterados requerimientos de Informe Especial, el Ministerio de Transportes no se refirió al asunto hasta el cierre de esta edición. En la misma línea, tampoco respondieron preguntas sobre el tema Edgardo Montecinos y Jorge Valdés, propietarios de las empresas Concordia y Catena respectivamente.