"Les adjunto los datos de la nueva contratación para el proyecto de Prevención de Suicidio del GORE RM. Este contrato es una petición directa del Gobernador Claudio Orrego en reunión que sostuvo con Alberto, a quien copio".
Así comienza el correo electrónico que la representante legal de ProCultura —hoy imputada— aportó en su declaración, en el marco de la indagatoria del fiscal Patricio Cooper, al que tuvo acceso Informe Especial.
En su testimonio apuntó a que bajo la administración del exDC funcionarios de ProCultura habrían sido incorporados al Gobierno Regional, pero con sus salarios cubiertos por la fundación de Alberto Larraín.
Por medio del mail buscaba reforzar lo señalado por distintos testimonios, revelados ayer martes por IE, en los que advertían que el propio Orrego habría puesto esta contratación “fantasma” y otras como condición para aprobar los más de $1.600 millones a ProCultura
El mail
El correo aportado por la imputada tras su declaración da cuenta de una comunicación ejecutada el 20 de febero de 2023, a las 16:57 horas, con el asunto "Nuevo contrato Proyecto prevención de suicidio GORE", enviado por la directora RM de ProCultura en esa fecha y dirigido a varias personas ligadas a la fundación, incluido el director ejecutivo Alberto Larraín. El asunto la tocaba de cerca, pues en su declaración reveló que para esa contratación recomendó a quien a esa fecha era su pareja.
Además de advertir que el proceso era una petición expresa de Orrego, en el texto se detalló la información personal del trabajador, sus funciones, condiciones contractuales y el sueldo pactado: $2 millones.
Ante el revuelo que ha generado el asunto, el Gobernador ha admitido su vínculo con Larraín. “Yo conozco al señor Alberto Larraín hace cerca de 10 años, cuando yo era alcalde de Peñalolén, tuvimos vínculos políticos cuando él militaba en la Democracia Cristiana, trabajó conmigo en ese momento en temas de salud mental y lo he seguido conociendo en la vida siempre en temas de salud mental”, señaló en entrevista con 24 Horas.
Sin embargo, niega absolutamente que haya uncontrato, la existencia de funcionarios fantasmas y aseguró que no conoce a la persona que dice haber prestado servicios al Gobierno Regional. “No solamente no la conozco, sino que preguntada esa persona tampoco me conoce a mí. Mal podría haber exigido su contratación. Lo que sí le puedo decir es que los 73 programas que tenemos con universidades y fundaciones siempre tenían un enlace contratado por el programa con nosotros para coordinar las acciones, pero yo exigir una contratación de una persona en particular, jamás”.
"Comisión de servicio"
Con todo, quien era representante legal de ProCultura en esa época entregó otros detalles del asunto en su testimonio. Según explicó, los primeros reproches internos de la contratación llegaron en junio de 2023, cuatro meses más tarde, de boca del encargado de cumplimiento de la entidad. Este último habría señalado sus reparos a que el trabajador en realidad prestaba funciones en el GORE, mientras que los informes de gestión del supuesto "funcionario fantasma" estaban redactados de tal forma que ratificaban que sí trabajaba en la gobernación.
La imputada, a raíz de ello, afirmó que levantó dicha preocupación directamente a Alberto Larraín, quien le habría respondido: "Esto no tiene nada que ver, porque el rol de él es en comisión de servicio". En simple, que él acompañaba "el desarrollo de diferentes programas ejecutado por el GORE”.
De acuerdo a su versión, insistió en el punto, cuestionando que "los informes emitidos estaban pesimamente redactados".
Con todo, ante el revuelo político que han generado las revelaciones del caso, para este jueves está contemplada una nueva reunión en el GORE donde Orrego y sus equipos analizarán los alcances del Caso ProCultura en su administración regional.