Tras la querella de un policía checo en junio pasado, que lo acusó de apropiación indebida en el contexto de la compra de un terreno en Aysén, la Fiscalía solicitó audiencia para formalizar a Ariel Wolfenson, el conocido jurista e influencer que se autodenomina "el mejor abogado de Chile".
Ante la petición del Ministerio Público, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago agendó la instancia para el próximo 10 de noviembre al mediodía.
Lo anterior, pese a los reiterados intentos de Wolfenson por obtener el sobreseimiento definitivo de la causa.
Después de casi tres meses de litigio, el 8 de septiembre el abogado devolvió 28.000 dólares —unos $27,1 millones— para "reparar el mal causado" que le reclamaba la contraparte.
Sin embargo, a inicios de octubre, José Ignacio Reyes —el persecutor de la Fiscalía de Las Condes a cargo del caso— decidió de todas formas ir por su formalización como autor del delito de apropiación indebida.
"Mejor abogado de chile"
En rigor, la pugna comenzó en abril de 2025. Por ese entonces, el policía y ciudadano checo Jorslav Sokol contrató a Wolfenson para cumplir un sueño: comprar un terreno en la Región de Aysén y construir allí un hogar en armonía con la naturaleza.
Mediante la gestión de un agente inmobiliario, primero eligió un lote en la Reserva Playas Blancas de Puerto Chacabuco y tras ello —según detalla la querella— buscó asesoramiento "del llamado mejor abogado de Chile, Ariel Wolfenson Rivas".
En concreto, requirió su apoyo para "que lo asesorara en todos los aspectos jurídicos relacionados con el estudio de títulos, promesa y la adquisición definitiva del terreno, y para que en su nombre suscribiera la compraventa de ese inmueble en coordinación con el agente inmobiliario".
Según los demandantes, en la propuesta de servicios profesionales el abogado incluyó todos los trámites requeridos: la redacción de un contrato de compraventa, representación legal del denunciante en Chile, el trámite de suscripción de contratos en Notaria y la inscripción de los títulos respectivos en el Conservador de Bienes Raíces competente. Todo eso a cambio de 2.900 dólares.
A medida que pasaron los días, Wolfenson le pidió transferir otros 2.680 dólares para gastos operacionales. Poco después, mediante correo electrónico, el abogado dio luz verde al trámite: "La propiedad estaría ok para proceder". Para ello requería el mandato para la compra y el dinero correspondiente.
Compra fallida
Sokol cumplió con su parte los primeros días de mayo. Igual que los pagos previos, transfirió 25.600 dólares a la cuenta de la empresa de Wolfenson para finalmente concretar la esperada adquisición.
Según el demandante, después de eso recibió evasivas y un largo silencio que se prolongó hasta el 21 de mayo. Ese día recibió el siguiente correo.
"Junto con saludar, gracias por su correo y paciencia, hemos tomado tiempo de estudiar más en detalle los antecedentes para su mayor seguridad y tenemos novedades.
Hemos determinado en virtud del anterior análisis las siguientes conclusiones:
1.- La subdivisión no coincide con los planos otorgados y tenidos a la vista.
2.- Existe gravámen ambiental inscrito en conservador que podría traer inconvenientes a futuro, especialmente
para otorgamientos de permisos de construcción y venta futura.
3.- Además, nos informa notario que mandato no cumpliría con las condiciones adecuadas.
Como corolario de lo anterior, no es jurídicamente posible continuar con la compra.
Por lo anterior, y para su tranquilidad, ya hemos activado proceso de resciliación de contrato de promesa, y devolución de fondos en su favor, conforme a nuestra política legal que puede consultar en el siguiente link: https://www.wolfenson.cl/aviso-legal
Le estaremos dando noticias y pasos a seguir durante esta semana.
Cordiales saludos.”
En ese contexto, el ciudadano checo insistió en la devolución del dinero, que en total —considerando servicios jurídicos y el dinero para la compra propiamente tal— alcanzó los 31.180 dólares.
Sin embargo, hasta la presentación de la querella en junio, Wolfenson no había devuelto ni un peso. Por tanto, la acción judicial fue acogida a trámite.
Sobreseimiento esquivo
Rápidamente, el abogado decidió representarse a si mismo en la causa y solicitó audiencia para intentar obtener su sobreseimiento definitivo, pues a su entender había una "manifiesta inexistencia del delito" y "se obró precisamente resguardando los derechos e intereses" del querellante.
Más aún, argumentó que "se le informó amable y expresamente que se le retornarían los fondos" y, de paso, objetó el monto solicitado por los querellantes: los 31 mil dólares. "Esto es, no solo de los dineros de la compra, sino también de los legítimos honorarios de nuestra oficina (lo cual en caso alguno corresponde habiendo prestado servicio referente a revisión de documentos, estudio de títulos, intermediación con corredora, y resguardo de intereses del cliente)", subrayó.
Para la audiencia, el 31 de julio, solicitó asistir por videollamada.
Días antes, en tanto, el fiscal Reyes pidió al alzamiento del secreto bancario de Wolfenson para esclarecer el destino del dinero.
Con todo, ese día no se conectó. Según dijo al tribunal posteriormente, se presentó puntual y no habría podido enlazarse por un mal entendido técnico.
Por tanto, a inicios de agosto solicitó una nueva audiencia —que fue fijada para el 8 de septiembre— y en su requerimiento volvió a defenderse diciendo que el demandante no le había proporcionado una cuenta válida en la cual ejecutar la devolución. El juez, en tanto, le indicó que podía reparar el mal causado depositando el dinero en la cuenta del tribunal.
Esperanzado, previo a la audiencia, el demandante consultó si había algún monto consignado en el marco de la causa. El 4 de septiembre, la respuesta fue tajante: "NO constan depósitos realizados en la cuenta corriente judicial de este tribunal".
Reserva por "salud mental"
Ante el revuelo que generó el caso en la prensa, Wolfenson decidió contraatacar. Reclamó ante el tribunal que ha sido objeto de "actos reprochables de exposición y difamación", por lo que "a efectos de evitar mayores hostigamientos" solicitó la reserva de la causa. Es decir, que se impida el acceso público a los detalles judiciales del caso.
"El querellante respondió con plazos fatales, amenazas y malos tratos bajo los cuales no puede haber entendimientos, por falta absoluta al decoro profesional y respeto mínimo", acusó en su requerimiento, al que accedió Informe Especial.
En ese marco, presentó un certificado de su "especialista tratante en salud mental".
El 8 de septiembre, sin embargo, él mismo desistió de la audiencia "por considerarse innecesaria" y simplemente reportó el depósito de 28.280 dólares por concepto de gastos operacionales y los fondos para la fallida compra del terreno. Eso sí, no incluyó los 2.900 dólares correspondientes a sus servicios profesionales.
Esta vez los dineros sí estaban en el tribunal. Tras ello, para Wolfenson sólo faltaba que el Ministerio Público aplicara el sobreseimiento.
Para su sorpresa, aquello no ocurrió. Por el contrario, el 3 de octubre pasado el tribunal fijó la audiencia de formalización para el próximo 10 de noviembre.
En tanto, el viernes 10 de octubre insistió en pedir la reserva "para resguardar a esta parte del hostigamiento y acoso permanente que ha sufrido, incluso con amenazas de terceros". Lo requirió "en calidad de urgente para evitar mayores perjuicios derivadas de la exposición o eventual concreción de dichas amenazas".
Pero este lunes el tribunal simplemente respondió que lo tendría "presente", pero en la práctica —al menos hasta el cierre de este artículo— no ejecutó ninguna acción ante lo solicitado.