11 de julio de 2020, grupo de WhatsApp "Convenio udc Achifarp".
—En esta primera etapa son $30 millones que serán invertidos en las mejoras que el Instituto de Salud Pública (ISP) plantea para la planta y para la producción de las primeras dosis experimentales —señaló Matías Muñoz, entonces secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
A esa plataforma fueron agregados diferentes alcaldes de ese entonces, como Daniel Jadue (PC), de Recoleta; y Gonzalo Montoya (exComunes), de Macul.
Todo ello para hacerles llegar información de cómo avanzaba el convenio entre la Universidad de Concepción (UdeC) y Achifarp, suscrito formalmente el 20 de junio de 2020, para implementar la producción del medicamento Interferón Alfa 2b y ponerlo a disposición de la salud municipal como fórmula para combatir el Covid-19.
En medio de los cuestionamientos de la Contraloría General de la República (CGR) por no velar por el uso adecuado de esos y otros recursos, hubo un argumento —utilizado por Montoya para defenderse de los cargos en su contra— que llamó particularmente la atención: la "fiscalización" del convenio mediante reportes por WhatsApp.
El dinero perdido
Pese al impulso inicial, el proyecto de la UdeC no prosperó. En diciembre de 2021 el ISP prohibió la comercialización y distribución del medicamento "por constituir un riesgo para la salud de la población y no contar con registro sanitario ni autorización para su uso en humanos". Por lo tanto, según la CGR, a partir de entonces el convenio “perdió todo sentido”.
Y aunque no se cumplió el objetivo, los municipios involucrados sí transfirieron millonarios recursos.
De acuerdo al ente liderado por Dorothy Pérez, Recoleta desembolsó $230 millones y Macul traspasó otros $10 millones a Achifarp. No obstante, apenas $25 millones llegaron a la casa de estudios que lideró el proyecto. Hasta la fecha, según los informes del sumario administrativo de la CGR, se desconoce qué pasó con el resto del dinero.
Lo mismo cuestionó Contraloría respecto del convenio entre la administración de Jadue y Achifarp para adquirir el medicamento Avifavir, un cuestionado antiviral de origen ruso usado para combatir el Covid-19, para lo cual Recoleta transfirió $150 millones. De esos fondos también quedó un saldo de $15 millones, "cuyo uso o destino se ignora, dado que no ha sido objeto de rendición de cuentas alguna ni de reintegro al municipio”.
En ese marco, pese a las conclusiones del Informe Final de 2022, los protagonistas del caso intentaron anular los cargos mediante una solicitud de invalidación del procedimiento administrativo. Alegaron fundamentalmente falta de competencia de la fiscal que impulsó el proceso, violación de secreto del sumario y un plazo excesivo del mismo.
Y, entre los argumentos de fondo, los funcionarios cuestionados de los dos municipios aludieron a una serie de razones. Entre otras, que eran convenios de colaboración y no contratos, por lo que los pagos no estaban sujetos a rendición de cuentas.
La explicación más curiosa, en tanto, vino desde el exalcalde Montoya: "A través de la plataforma WhatsApp, se generaron comunicaciones que daban cuenta del cumplimiento de los fines para los cuales fue transferida la cuota extraordinaria reprochada en el cargo imputado", planteó la entonces autoridad de Macul, según recogió Contraloría. Más aún, aseguró que con ello "daría cuenta de que en ningún momento habría existido una contravención a las obligaciones previstas en ley, ya que dio estricto cumplimiento a las funciones que se le reprochan como infringidas".
Con todo, según resolvió el ente fiscalizador, ni él ni Daniel Jadue tuvieron éxito en sus peticiones.
El portazo de Dorothy
Mediante una resolución firmada el pasado 4 de agosto, a la que accedió Informe Especial, la Contraloría decidió desestimar los reclamos y ratificó la responsabilidad administrativa de ambos exalcaldes en el marco de las irregularidades detectadas en los convenios con la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.
En concreto, la contralora Dorothy Pérez aprobó definitivamente el sumario instruido en las municipalidades de Recoleta, Macul y Paillaco; y de paso rechazó las solicitudes de invalidación del proceso impulsadas por Jadue, Montoya y otros de los inculpados.
Puntualmente, apuntó contra los exjefes comunales por la falta de rendiciones de dineros entregados a la Achifarp entre 2020 y 2022, lo que permitió la respectiva formulación de cargos contra Jadue, Montoya y una serie de funcionarios que actuaron bajo su administración.
Según ratificó el ente fiscalizador, Achifarp obtuvo millonarios fondos municipales para impulsar proyectos como la producción de Interferón, la compra del medicamento Avifavir y también un programa para el déficit auditivo con el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis). Sin embargo, no traspasó todos esos recursos a quienes debían desarrollar las labores asociadas.
Por esa razón, la CGR reprochó a los exalcaldes por no velar por el "eficiente, idóneo y adecuado uso, administración y/o destino de los recursos traspasados desde el municipio a la Achifarp”.
En efecto, la Contraloría ya había realizado una auditoría por irregularidades respecto a la implementación de Achifarp en 2018, y luego en 2022 instruyó realizar sumarios administrativos en las municipalidades de Recoleta, Macul y Paillaco, además del Senadis, por problemas de rendiciones en los convenios celebrados con la asociación.
En ese entonces, el órgano fiscalizador dio cuenta de convenios declarados como ilegales por más de $613 millones con los tres municipios mencionados y Senadis.
Sin licitación
Los ojos del sumario se enfocaron en buena medida sobre la Municipalidad de Recoleta, pues Jadue —en paralelo— también está enfrentando un proceso judicial imputado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco en el marco del mismo caso.
Ahora bien, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario, Contraloría apuntó principalmente a tres hechos y cuatro funcionarios: Daniel Jadue, exalcalde de la comuna; Patricio González Orellana, entonces director de Control; Giannina Repetti Lara, ex administradora municipal; y Jimena Jiménez González, exdirectora de Asesoría Jurídica.
El primero tiene que ver con un convenio de colaboración de 2019 entre Recoleta y la Achifarp, que consistía en la implementación del Programa de Diagnóstico y Tratamiento de Déficit Auditivo, y de una Consulta de Diagnóstico y Control Auditivo. El plan contemplaba la adquisición de 125 prótesis auditivas, “así como la implementación del denominado Programa de Apoyo a las Personas con Dependencia Severa, mediante la adquisición de un total de 100 camas clínicas eléctricas, incluyendo colchón seccionado, colchón anti escaras, mesa de comer, y porta suero”. Todo ello por un monto de $112 millones.
A ello se suma el convenio de Achifarp con la UdeC para producir Interferón, de junio de 2020, para lo cual la Asociación debía aportar a la universidad $204 millones. En ese contexto, se estableció que la Municipalidad de Recoleta aprobó en agosto de ese año una cuota extraordinaria de $25,5 millones para Achifarp. Luego, en abril de 2021, la administración comunal les transfirió $204 millones adicionales para la adquisición de 180 mil dosis del medicamento.
En resumen, Recoleta desembolsó más de $230 millones hacia Achifarp en el marco de ese convenio. Sin embargo, la CGR afirmó en 2022 que la asociación sólo traspasó "$25 millones durante el periodo comprendido entre los días 25 de julio de 2020 y 04 de mayo de 2021, ignorándose el uso o destino del saldo restante, ascendente a $205 millones”.
Por último, el 14 de septiembre de 2020 se sumó el convenio para la compra de Avifavir a cambio de otros $150 millones, transferidos bajo el mismo mecanismo.
Pese a la defensa de los involucrados, la Contraloría sostuvo que los tres convenios, al superar las mil UTM ($68 millones), debieron ser realizados mediante licitación, tal como lo dispone la Ley de Compras Públicas.
Triple infracción
Aunque los acusados alegaron que no correspondía hacer licitación porque no se trataba de compras de bienes muebles, sino más bien de convenios de colaboración, el fiscalizador no dio tregua en su análisis: “En efecto, se está en presencia de tres convenios de colaboración sucesivos, celebrados durante el periodo comprendido entre los días 26 de marzo de 2019 y 29 de abril de 2021, constitutivos de una idéntica infracción —de igual naturaleza y que involucra a los mismos actores—, consistente en la vulneración del procedimiento de compras públicas”, fustigó la resolución del ente fiscalizador.
La CGR además indicó que Jadue, en su responsabilidad como alcalde, no ejecutó o dispuso al personal bajo su dependencia, en particular a la Dirección de Administración y Finanzas y/o a la Dirección de Control, acción de naturaleza alguna conducente a velar por el eficiente, idóneo y adecuado uso, administración y/o destino de los recursos traspasados desde el municipio a la Achifarp”.
Con todo, la Contraloría determinó “tener por acreditada la responsabilidad administrativa de don Oscar Daniel Jadue Jadue”.
En tanto, para Gianinna Repetti Lara y Patricio González Orellana propuso la medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses, con goce del 50% de sus remuneraciones, dejándose constancia de ella en su hoja de vida funcionaria.
A su vez, para Jimena Jiménez González propuso la medida disciplinaria de suspensión del empleo por treinta días, con goce del 70% de sus remuneraciones, dejándose constancia de ella en su hoja de vida funcionaria.
Por WhatsApp no vale
Macul decidió entrar a Achifarp en 2018, aunque los $10 millones que le reprochó Contraloría fueron pagados el 2020, en plena pandemia. Al igual que en el caso de Recoleta, la entidad determinó que no hubo rendiciones que permitieran fiscalizar debidamente el uso e inversión de dichos recursos.
Del mismo modo que Jadue, Montoya insistió que el traspaso de fondos no requería rendición de cuentas. Sin embargo, el ente fiscalizador indicó que, según la normativa, “la Municipalidad de Macul no solo debió exigir la correspondiente rendición de cuentas respecto de los fondos transferidos a la referida asociación, sino que, además, debió proceder a la revisión de dicha rendición a fin de determinar la correcta inversión de los fondos otorgados”.
El exjefe comunal, en su defensa, señaló a su favor "la fiscalización" vía WhatsApp. No obstante, la Contraloría no consideró este mecanismo como “un medio formal e idóneo que permita justificar y respaldar con documentación original, la correcta inversión de los señalados recursos”.
Con todo, si bien Montoya presentó una demanda para recuperar los fondos una vez que recibió las objecciones de la CGR en 2022, el ente fiscalizador fue tajante: “El señalado municipio no realizó gestión ni ejerció control alguno tendiente a velar por la eficiente e idónea administración, uso, inversión y/o destino de los recursos aportados a la Achifarp por la vía del pago de una cuota extraordinaria, ni a obtener su debido reintegro”.
La institución puntualizó también que el inculpado pudo instruir a la Dirección de Control —bajo su directa dependencia— a que fiscalizara a Achifarp por los dineros entregados por la municipalidad, lo que tampoco ocurrió. La Contraloría resolvió “tener por acreditada la responsabilidad administrativa de don Gonzalo Eugenio Montoya Riquelme”.
Al margen, también propuso aplicar a Sergio Roa Bascuñán, director de Control de la Municipalidad de Macul, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por treinta días, con goce del 70% de sus remuneraciones, dejándose constancia de ella en su hoja de vida funcionaria.
Un juicio y un secuestro
Hoy por hoy, Jadue se alista para avanzar en la arista judicial del caso. Fiscalía ya presentó acusación a inicios de agosto, en la cual el persecutor pidió 18 años de cárcel para el exalcalde.
En rigor, se trata del paso previo para dar inicio al juicio. Eso sí, para este jueves 28 está agendada la audiencia en que se discutirá cómo seguirá el proceso. Si bien el Ministerio Público busca avanzar, la defensa de Jadue anunció que intentará aplazar el cierre de la indagatoria. Es decir, pedirá más plazo de investigación, lo que —de ser acogido por el tribunal— dilataría la acusación.
Por su parte, Montoya también espera avances judiciales, aunque no relacionados con la causa de Farmacias Populares. En específico, a fines de junio fue víctima de un secuestro extorsivo durante 48 horas.
De acuerdo con los antecedentes que se han conocido de la indagatoria, no terminó expuesto a ese delito por razones políticas, sino más bien el asunto estaría relacionado a una doble vida, que incluiría videos con prostitutas e incluso con menores de edad.