Durante 2024 y hasta junio del presente año, han ingresado a Chile 45 miembros de las fuerzas armadas y policías de Venezuela, Colombia y República Dominicana.
La información consta en una “alerta de monitoreo” preparada por la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Norte (UCE), cuyo bloque está integrado por la PDI, Carabineros, Directemar, Gendarmería y Aduanas.
De acuerdo al documento al que accedió Informe Especial, en su mayoría “serían desertores de las instituciones que componen las Fuerzas Armadas y Policiales Bolivarianas”.
Del total mencionado, 37 son venezolanos, seguidos por siete colombianos y un dominicano.
Los desertores
De todos los aludidos, solo uno solicitó asilo político, quien perteneció —de acuerdo con lo señalado en la alerta— a la guardia presidencial bolivariana.
Se trata de Jesús Álvarez López, quien a su vez funge como pareja de Daniela Aponte, que también fue militar. En tanto, Frank Ramos Figueroa —del mismo país caribeño— estuvo ligado a la Dirección contra la Delincuencia Organizada.
A ellos se suman los oficiales Brayan Escalona Velandia, quien junto a Jessica Castellano Carrillo fueron parte de la División Estratégica de la policía venezolana.
En tanto, Eduardo Villegas Ramos fue el único venezolano que, aunque indicó pertenecer a las fuerzas armadas, no presentó ninguna identificación que lo acreditara.
Por último, el único dominicano en la lista, llamado José Torres Ascencio, laboró en la fuerza aérea de su país.
Vida normal o crimen organizado
Según el informe, todos los aludidos “buscan en otro país continuar una vida normal o formar parte de nuevos grupos u organizaciones criminales”.
“De igual manera, resulta importante mantener registro de estas personas, toda vez que este mantiene conocimiento de armas, como asimismo un entrenamiento militar asociado, pudiendo encontrarse en algún momento asociados a algún hecho delictual violento en Chile”, detalló el reporte de la UCE.
El análisis, que también suele llegar al Ministerio de Seguridad y los servicios de inteligencia nacionales, reveló que los exuniformados deben ser fiscalizados por la autoridad en favor de “la lucha contra el crimen organizado”.
Lo anterior, con miras a “generar líneas de acción operativas o preventivas, según propia apreciación, y mantener los antecedentes en conocimiento de las policías”.
Con todo, la preocupación del informe apunta al conocimiento de los sujetos —quienes cometieron el delito de ingreso ilegal— en el manejo de armas, explosivos y técnicas de compartimentaje que sirven para operaciones criminales, entre otras el secuestro.
Las huellas de "El Turco"
Fuentes de la UCEN explicaron a Informe Especial que existe una coincidencia entre la mayor cantidad de militares y policías venezolanos, con el aumento de la criminalidad organizada ligada al Tren de Aragua y sus filiales que operan en suelo nacional.
Sin ir más lejos, cabe recordar que a fines de 2023 fue detenido en Chile Ansoni Morales Juárez, un exmiembro de un grupo de élite de la Guardia Nacional de Venezuela.
Morales Juárez se desempeñaba en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), delito que ejecutó en distintas ciudades de Chile.
De acuerdo con la indagatoria relacionadas, el autor intelectual de esta agrupación criminal era Adrian Gamez Espinol, alias "El Turco”, quien se encuentra detenido en Estados Unidos y enfrentando un proceso de extradición por su participación en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.