Los jueces presidentes de los tribunales de garantía de Santiago convocaron a una reunión urgente para revisar los protocolos, luego que el 10 de julio pasado Gendarmería liberara al peligroso sicario venezolano, Osman Ferrer.
El llamado a reunión quedó registrado en un grupo de WhatsApp donde participan magistrados y magistradas, en el que comparten información.
Uno de los miembros indicó que también se evalúa solicitar una reunión con el alcaide de Santiago Uno -donde Ferrer cumplía prisión preventiva- para analizar qué pudo fallar.
La mañana de este martes, el Poder Judicial emitió una declaración pública, en la cual se descartó la existencia de un hackeo y falsificación de las resoluciones emanadas desde el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
La cronología del escándalo
La versión entregada por la judicatura indicó que el 9 de julio se emitieron tres resoluciones. Todas firmadas por la jueza Irene Rodríguez.
La primera que disponía el ingreso a prisión preventiva fue a las 20:17 horas. En ella hubo un problema de identificación del sicario, ya que el rut indicaba solo ceros, en circunstancias que el Registro Civil otorga uno de carácter provisorio a quienes no tienen ingreso regular a Chile.
Luego se dictó otra (20:25 horas) que corrige la anterior, donde se indica que el imputado queda en libertad. A las 20:28, en tanto, existió una tercera que corrigió la libertad e indicó que el ingreso a prisión preventiva era la instrucción definitiva.
Según explicó a este medio un funcionario de Gendarmería, todas las órdenes se acatan en base a lo que llega mediante el sistema interno. "Cuando llega una orden de libertad, el tribunal -desde su sistema- manda una orden al sistema interno de Gendarmería. Y esa orden se ejecuta (...) no hay un chequeo, simplemente llega la orden del tribunal y se verifica. No hay que estar llamando al secretario del tribunal para preguntarle si el documento es así o no", aseguró.
Con todo, el caso ha generado polémica, ya que Ferrer es uno de los sicarios que asesinó a José Reyes, conocido como el "Rey del Barrio Meiggs", ocurrido hace algunas semanas.
Ferrer no actuó solo, sino que junto a otros sicarios venezolanos vinculados al crimen organizado y, al menos hasta ahora, mantendrían relaciones con miembros del Tren de Aragua.
Caso Musante
Así las cosas, durante la jornada los cuestionamientos hacia el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago no han hecho más que crecer.
En medio del revuelo por la fuga del sicario venezolano, la diputada (IND-PPD) Camila Musante denunció un episodio en que fue amenazada de muerte por redes sociales mediante un mensaje con clara alusión al crimen organizado.
“Espero que amanezcas en una bolsa negra, el Tren de Aragua te hará el favor”, rezaba el texto que recibió el pasado 20 de junio.
Si bien denunció la situación a la Fiscalía Centro Norte, y el persecutor Gonzalo Gutiérrez indagó el asunto, fue el mismo criticado tribunal el que desestimó una orden de detención contra el gestor de las amenazas.
Así quedó consignado en la resolución del juez Daniel Aravena, del pasado 26 de junio, a la cual tuvo acceso Informe Especial.
De acuerdo al propio documento, la parlamentaria recibió el mensaje poco después de anunciar un proyecto de ley para hacer más exigentes los requisitos para que los extranjeros puedan avencindarse y permanecer en Chile.
El portazo
Según determinó la investigación de Fiscalía, el autor de los mensajes fue identificado como Ibrahim Castro, un venezolano con domicilio en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso.
Verbalmente, el persecutor pidió al juez una orden de detención el pasado miércoles 25 de junio, alrededor de las 19:00 horas, en el marco de una investigación por el delito de amenazas.
En ese contexto, el fiscal argumentó que aquello era necesario “por resultar indispensable para asegurar la comparecencia del imputado y dar protección a la víctima, para lo cual pide tener presente que el imputado es de nacionalidad venezolana y puede estar vinculado a una organización criminal”.
Sin embargo, el juez Aravena descartó la petición debido a que el delito de amenazas simples “no reviste especial gravedad” y también porque Gutiérrez no aportó “antecedentes que acrediten, siquiera indiciariamente, la vinculación del imputado con alguna organización criminal, y su único antecedente corresponde a una causa por hurto, del año 2019”.