El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien figura como imputado en la investigación del caso ProCultura, es apuntado por diversos testimonios como el artífice de la llegada de trabajadores contratados mediante la fundación de Alberto Larraín, pero que en rigor trabajaban para el Gore.
En concreto, las declaraciones inéditas de testigos claves en la investigación —revisadas en exclusiva por Informe Especial— apuntan a que Claudio Orrego, en el marco de la asignación de fondos públicos para el proyecto "Quédate”, ejecutado por ProCultura, habría impuesto diversas condiciones para la aprobación de dichos recursos.
Puntualmente, los testimonios señalan que Orrego habría impuesto esta dinámica como condición para aprobar los $1.600 millones del plan a ProCultura.
De ProCultura al Gore
Según declaraciones de la carpeta investigativa, dos funcionarios de la Fundación ProCultura pasaron a trabajar al Gobierno Regional (Gore), en el primer periodo de Gobernador de Claudio Orrego. El punto es que el sueldo era pagado por la entidad sin fines de lucro.
Y según manifiesta en su declaración uno de los funcionarios contratados por ProCultura que habría operado dentro del Gobierno Regional, hubo otros casos más.
“Había otros funcionarios de fundaciones desempeñando labores ahí, que no tenían relación con la Fundación (sic) ProCultura y con el programa “Quédate”, sin embargo, no recuerdo los nombres de estas personas ni las fundaciones a las que pertenecen. Estas personas como yo, para el Gobierno Regional, estábamos en “COMISIÓN DE SERVICIO”.
En su testimonio afirmó que una de las condiciones impuestas por Claudio Orrego para la ejecución del proyecto “Quédate” era la incorporación de un funcionario de ProCultura al equipo del Gobierno Regional para trabajar en otras iniciativas, sin relación con el mencionado proyecto.
Según cuenta el funcionario contratado por ProCultura, pero que admite se desempeñaba para el Gore, primero firmó “un contrato con fecha 13.FEB.023, el cual indicaba que desarrollaría mis funciones conforme a lo que solicitara el Gobierno Regional Metropolitano. Posteriormente, firmé un anexo de contrato, de fecha 13.MAY.023, cambiando mi contrato de plazo fijo a indefinido, esta modificación no influyó en mis funciones que realizaba desempeñándome en las dependencias del Gobierno Regional respecto al programa en el que trabajaba. Firmé un anexo de contrato, para un viaje en representación de la Fundación ProCultura en Costa Rica.”
Las esquirlas de Democracia Viva
De acuerdo a los testimonios recabados por Fiscalía, en junio de 2023, cuando estalló el escándalo de Democracia Viva en Antofagasta, el Gobierno Regional Metropolitano habría decidido borrar los registros del trabajador en la institución.
También se habrían tomado precauciones, pues el correo electrónico utilizado por el funcionario no estaba a su nombre, sino bajo la denominación de un proyecto.
Así lo indicó el propio aludido a los investigadores:
—¿Usted tenía correo electrónico al momento de desempeñar su trabajo?
—Sí, por parte del Gobierno Regional, solo tenía un correo, el cual correspondía a [email protected], el cual fue entregado por mi jefa de ese entonces XXXXXX el 15.FEB.023. Ese correo electrónico desapareció cuando me enviaron a trabajar a mi casa, desconociendo la fecha exacta. Quiero agregar, que los correos que yo consideraba importante, los enviaba con copia a mi correo particular [email protected]. Por parte de la Fundación ProCultura, no tuve correo electrónico hasta una vez que comencé a trabajar desde mi casa, en actividades de la fundación, correspondiendo [email protected], siendo” creado en junio o julio del 2023.
En cuanto a la remuneración, la investigación indica que el funcionario de ProCultura alcanzó a recibir cuatro sueldos provenientes de dineros fiscales, que en total sumaron aproximadamente $6 millones al término de su trabajo en el Gobierno Regional.
Con todo, dichos antecedentes son parte de la indagatoria de la Fiscalía, que sigue en curso y —entre otras cosas— busca aclarar las interrogantes sobre la gestión de recursos y la relación entre el Gobierno Regional y las fundaciones.
Consultado por Informe Especial sobre estos nuevos antecedentes, el Gobernador Claudio Orrego advirtió que el funcionario fue contratado por la Fundación ProCultura para ejercer funciones en el proyecto “Quédate” y que se desempeñó como coordinador y director del diplomado del programa, que era uno de los componentes de esta política de prevención del suicidio.
Asimismo, afirmó que “oficiaba como enlace del proyecto en el Gore, por lo que colaboró también en el desarrollo del perfil de un Programa de Patología Dual, que iba a ser un componente de salud mental que se iba a incorporar al proyecto “Quédate”, con el objetivo de seguir fortaleciendo la ejecución del programa”.
En tanto, el Gobernador aseguró no conocer a esta persona y que el funcionario, en su declaración, admitió tampoco conocer directamente a Claudio Orrego.