La Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes (Confapreco) interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el cual solicitó el cierre de la exPenitenciaría, atendida las malas condiciones sanitarias y de infraestructura que enfrentan los internos condenados por diversos delitos.
En su presentación, Confapreco —que sumó a la ONG 81 Razones y a la Fundación Paternitas—, apunta que en el recinto habitan más de 6.600 personas, pese a que su capacidad no supera las 2.400. Es decir, existe una sobrepoblación de 227%.
En este sentido, indican que los privados de libertad enfrentan no solo una falta de condiciones mínimas de habitabilidad y tratamientos para la inclusión social, sino además amenazas en contra de su integridad física. Según detallan, a lo anterior se suman la corrupción de los vigilantes y agresiones de estos últimos denominadas internamente como “paloterapia”, entre otros problemas.
A juicio de los recurrentes, el Estado de Chile no está dando cumplimiento a la ley, tampoco a los pactos de Derechos Humanos que suscribe “ni a los principios rectores de la naturaleza humana”.
"Riesgo inminente"
La abogada patrocinante de las organizaciones que recurrieron de amparo, Carolina Medina, explicó el asunto:
—El penal ya lleva 182 años en funcionamiento, en donde no se le ha hecho una mantención a la infraestructura (...) o sea, ni siquiera estas condiciones de infraestructura están en conocimiento de la Dirección de Obras Municipales. Entonces, estamos frente a un riesgo inminente —afirmó en conversación con Informe Especial.
El amparo fue interpuesto el pasado 18 de julio en el tribunal de alzada capitalino y fue dirigido en contra del Presidente Gabriel Boric; el ministro de Justicia, Jaime Gajardo; y el titular de Gendarmería, Rubén Pérez.
Sin embargo, tres días más tarde la sala tramitadora declaró inadmisible el libelo.
En un fallo unánime, los tres ministros indicaron que el amparo no era la vía para resolver las situaciones denunciadas.
—La Corte declaró inadmisible el recurso porque en nada se vulneraba la libertad personal de las personas afectadas; esa fue la respuesta —apuntó Medina—. Lo que estábamos invocando es precisamente que la solicitud no versa sobre la libertad personal de los internos (...) porque sabemos que están cumpliendo condena por un proceso que se llevó legal y debidamente tramitado y no tenemos ninguna duda de ello —añadió la abogada impulsora de la acción judicial.
Todo de nuevo
Ante dicho escenario, la Confapreco resolvió apelar a la Corte Suprema para revocar el fallo y lograr que —al menos— este fuera tramitado, alegado y fallado.
Así las cosas, el pasado 4 de agosto la Segunda Sala del máximo tribunal revocó lo resuelto por el tribunal inferior. Dicho de otra forma, una sala no inhabilitada de la Corte de Santiago deberá analizar el fondo del recurso.
La decisión contó con los votos de los ministros Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, Maria Gajardo, la suplente Eliana Quezada y la abogada integrante Pía Tavolari.
La abogada Medina valoró positivamente el dictamen judicial, porque —a su juicio— el sentido y alcance de los argumentos vertidos en la apelación fueron evaluados de forma correcta por la Suprema.
—Se reconoció que no estábamos mal interpretando la norma, ni mucho menos instrumentalizar nada, sino que se trata de que hay ciertas cosas que no se están cumpliendo; vulneraciones de habitabilidad, infraestructura, atención médica —reflexionó.
"Una estirada de chicle"
En todo caso, la determinación del máximo tribunal no implica que los subordinados del primer piso de Palacio estén obligados a resolver en favor de la Confapreco.
Lo que viene ahora son las instancias procesales de todo recurso de amparo: la solicitud de informes a las instituciones recurridas y fijar alegatos.
Es altamente probable que, por tratarse de una materia carcelaria, será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el encargado de contradecir el recurso a través de un abogado interno o del Consejo de Defensa del Estado.
Ya sea que la ONG gane o pierda, el libelo volverá a la misma sala del máximo tribunal.
En cualquier caso, Medina esbozó su punto de vista:
—Sabemos que nuestro sistema penal penitenciario es una bomba de tiempo, es una estirada de chicle bien compleja.
Por su parte, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicaron que por el momento no entregarían una versión, ya que no han sido notificados por la autoridad judicial.