Un grupo de 1.221 reos extranjeros no tienen una identificación confirmada al interior de los recintos penitenciarios chilenos, incluyendo a 17 presos que ya fueron condenados.
En efecto, de acuerdo con antecedentes obtenidos por Informe Especial, dicho grupo no cuenta con un RUN provisorio registrado. Es decir, el sistema no tiene claridad sobre sus verdaderos nombres ni menos si esos internos pasaron o no por la cárcel previamente.
No se trata del único problema a la hora de identificar reos extranjeros. En 2022, Contraloría General de la República (CGR) ya había detectado falencias adicionales tras una fiscalización a Gendarmería. En dicha instancia, el persecutor administrativo les instruyó implementar un "procedimiento de enrolamiento de extranjeros para el Sistema de Cotejo de Identidad".
Sin embargo, en el informe de seguimiento del caso, de octubre de 2024, la CGR detectó que el asunto aún no había sido solucionado.
Respecto a esta realidad, el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Perez Riquelme, explicó que las dificultades están en dos procesos diferentes. Por un lado está el sistema de cotejo de identidad y por otro el llamado "canje penal".
"El primer caso implica la identificación mediante tecnología biométrica. Y el segundo refiere a una solicitud del Ministerio Público para asignar un RUN provisorio a quienes no cuenten con él al ingresar al sistema penal, con el fin de identificar y confirmar la identidad de la población privada de libertad. Principalmente la extranjera", detalló.
Venezolanos a la cabeza
Al margen, actualmente los penales chilenos albergan a 9.658 presos foráneos. Pero, de ellos, sólo 8.437 cuentan con su RUN provisorio.
Esa es la dinámica usual para identificarlos durante el proceso judicial y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones legales, aunque dicho registro —en rigor— no garantiza que realmente esa persona sea la que dice ser.
El documento oficial que reveló dicha información, y que fue enviado durante este miércoles a la Fiscalía Nacional, también reportó que la mayor cantidad de reos extranjeros en las cárceles son de nacionalidad venezolana (2.782).
Más atrás le siguen los colombianos (2.764), bolivianos (2.227), peruanos (937) y ecuatorianos (289).
“Junior Enano”
La dimensión del problema ha quedado en evidencia en los últimos días mediante casos emblemáticos. Por ejemplo, desde febrero de 2023, uno de los líderes del Tren de Aragua, conocido como "Papa" o "Junior Enano", estuvo detenido en la cárcel de Valparaíso bajo una identidad falsa.
Según se conoció esta semana, se trata de un reo de alta peligrosidad, que cuenta con una notificación roja de Interpol y era buscado en su país de origen por graves delitos, incluyendo terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada y asociación para delinquir.
No fue el único. En febrero de 2023, un individuo identificado como Junior Daniel Castillo Betancourt fue detenido en Valparaíso con casi dos kilos de droga, siendo posteriormente ingresado a la cárcel.
Sin embargo, meses de investigación conjunta entre la PDI, Interpol y la Fiscalía de Valparaíso, en el marco de una causa por secuestro con homicidio, lograron confirmar su verdadera identidad a través del cotejo de huellas dactilares, revelando que el nombre bajo el cual había sido detenido no era el real.
Tenía un RUN provisorio, estaba ingresado en el sistema, pero con un nombre falso. Su identidad real era en realidad Junior Misael Castillo Betancourt. En definitiva, ni siquiera el RUN provisorio asegura que esa persona sea identificada correctamente.
Cadena de errores
El otro caso icónico se registró también durante este mes de julio. La jueza del Octavo Juzgado de Garantía dictó prisión preventiva para el venezolano Osmar Alexander Ferrer Ramírez, bajo el rut 0000000000-0. Fue imputado como uno de los sicarios que mató al “Rey de Meiggs”.
Sin embargo, en ese trámite, minutos más tarde se dejó sin efecto la medida cautelar. Por unos momentos, el decreto respectivo ordenó su libertad. Luego de tres minutos, los antecedentes fueron corregidos y se ordenó nuevamente la prisión preventiva, pero ya era muy tarde. El sujeto había salido caminando desde la cárcel.
Más aún, pasaron las horas y se comunicó que el nombre del imputado no era Osmar. Con esa identidad fue procesado, pues entregó un DNI venezolano con ese nombre. Pero según se determinó posteriormente, realmente se llamaba Alberto Carlos Mejías Hernández.
Para ese entonces ya había escapado hacia Perú por la frontera norte. Con todo, la situación terminó por desnudar las falencias del sistema y los problemas para determinar con certeza la verdadera identificación de las personas extranjeras privadas de libertad.
La alerta de Contraloría
Con todo, si bien tuvo menos ruido mediatico, algunos problemas relacionados con la identificación de extranjeros ya habían sido advertidos por Contraloría.
Mediante una auditoria realizada a Gendarmería en 2022, alertó sobre la inexistencia de un procedimiento de enrolamiento de extranjeros para el Sistema de Cotejo de Identidad. En ese entonces, advirtió "que para los internos que no cuentan con cédula de identidad —como es el caso de extranjeros— en el referido sistema de cotejo no es posible ejecutar la consulta en la base de datos del Registro Civil e Identificación (SRCeI)". De ese modo, quedan registrados como "Sin Consulta".
Asimismo, "en los procedimientos de ingreso y egreso no se consideran a aquellos extranjeros que no cuentan con cedula de identidad nacional, que permitan la determinación y confirmación de su identidad, lo que puede conllevar a la suplantación de los reclusos que permita su fuga", acusó Contraloría.
Por esa razón, se les requirió implementar y remitir las medidas correctivas que permitan contar con un procedimiento de enrolamiento de extranjeros indocumentados en el "Sistema de Cotejo de Identidad".
Pero en octubre de 2024, el informe de seguimiento de Contraloría a esas irregularidades mostró que para entonces las observaciones aún no habían sido corregidas.
Sistema biométrico en licitación
En su respuesta a la CGR, Gendarmería se defendió diciendo que para generar un procedimiento de enrolamiento de extranjeros indocumentados en el sistema de cotejo de identidad, "la autoridad competente para generar un levantamiento de huellas dactilares y asignación de un run provisorio (enrolamiento), es de exclusiva responsabilidad del SRCeI, ya que lo único que permite el sistema de cotejo de identidad es una consulta en línea con parámetros de número de RUN y huella dactilar y en el caso de los extranjeros que no se encuentran en la base de datos del SRCeI, no es posible generar la consulta".
En ese sentido, señalaron que "el camino a seguir en este punto en particular es generar las coordinaciones pertinentes con el SRCel, para que toda persona extranjera que se encuentre indocumentada, dar las facilidades al citado servicio para que concurra a los establecimientos penitenciarios para que pueda generar el levantamiento de las huellas dactilares y posterior asignación de RUN".
Pese a esas explicaciones, Contraloría les dio 60 días para arreglar el asunto. Es decir, hasta diciembre 2024.
No obstante, según es posible ver en Mercado Público, la licitación para subsanar el problema recién fue adjudicada el pasado 24 de junio. En concreto, la implementación del "Servicio de Cotejo de Identidad Biométrico" fue adjudicado por tres años a la multinacional chilena Sonda S.A. a cambio de $715 millones.
Respecto a esto último, el director Pérez recalcó que "esta implementación, sin duda, será un gran aporte a la seguridad y constituye un avance significativo en la modernización del sistema penitenciario".
El proceso fue tomado de razón por Contraloría recién a fines de junio, y de acuerdo al registro del mencionado portal de compras públicas, aún no se ha ejecutado la orden de compra respectiva. Una vez ocurrido aquello, según el cronograma entregado por la propia empresa ganadora, la implementación tardaría 100 días hábiles. Es decir, si comenzaran este miércoles, se extendería hasta fines de noviembre.