El próximo 3 de diciembre la Fiscalía de Arica formalizará a cinco funcionarios del Ejército de Chile en calidad de autores de diversos delitos, en el marco de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas de 19 años ocurrida el 27 de abril de 2024, entre las localidades de Putre y Pacollo.
En dicha instancia también quedaron varios soldados gravemente lesionados, como Lucas Gamboa y Byron Alarcón.
Los cinco uniformados hoy están en condición de retiro temporal.
La decisión fue adoptada por el tribunal de garantía local y -de acuerdo a la solicitud del Ministerio Público- incluye a los ahora ex capitán y comandante de la compañía a la que pertenecía Vargas, Michael Fritz Gervasoni.
El organismo le imputará apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio. Igual suerte correrá el excomandante del Regimiento Blindado Nº 24 Huamachuco, el ex teniente coronel Carlos Guajardo.
Le siguen el exteniente Björn Wohllk por apremios ilegítimos; el exteniente Bastián Troncoso por cuasidelito de lesiones y al ex enfermero militar Manuel Zambrano por apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones.
Los hechos por los cuales serán imputados comenzaron con una marcha entre Putre y Pacollo, colindante con las fronteras de Perú y Bolivia a más de 4.000 metros de altura.
El "aporreo"
Diversos testimonios indican que los días previos los conscriptos fueron “aporreados”. Entre ellos estaba Vargas, quien el día de la marcha presentó en primera instancia molestias físicas y luego tres desmayos consecutivos.
De acuerdo con la autopsia, murió a raíz de una miocarditis que se agravó por el estrés y la altura, lo que derivó en un cuadro respiratorio que terminó con su vida
Si bien no hubo más fallecidos, otros 45 soldados resultaron con lesiones diversas, tal como detalló en su minuto un reportaje de 24 Horas.
El caso provocó impacto. El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, pidió la renuncia inmediata del jefe de la VI División General Rubén Castillo, por su responsabilidad de mando. Acto seguido se inició un sumario interno que sigue en tramitación.
El caso no estuvo exento de polémica, a raíz de la contienda de competencia trabada entre la judicatura castrense y la criminal ordinaria. El gallito lo ganó el Ministerio Público ariqueño y la indagatoria quedó en manos del fiscal regional Mario Carrera.
Para sustentar la tesis del cuasidelito de homicidio y los apremios ilegítimos, a fines de 2024 Carrera exhumó el cadáver de la víctima.
En esta causa, son querellantes el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), además de los querellantes particulares.
Recta final
Durante la tramitación del caso, uno de los imputados -Guajardo, a través de su abogado Humberto Palamara- solicitó una diligencia a Carrera: interrogar al jefe del Ejército, Javier Iturriaga.
El regional acogió la petición que, en todo caso, no estaba incluida en la arista central del caso de Franco Vargas.
La diligencia, hasta ahora desconocida, se realizó en la oficina del mando institucional el pasado 16 de septiembre, y constó de 64 preguntas.
Dentro de las interrogantes formuladas al jefe castrense le consultaron sobre el conocimiento que tenía de la reglamentación sanitaria del Ejército, entre otros aspectos administrativos.
Fuentes que conocen del caso explicaron que Carrera optó por cumplir todas las pesquisas solicitadas por los defensores y los querellantes, para evitar extender de forma innecesaria y llevar a tribunales el caso.
De allí que en las últimas semanas mantuviera reuniones con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía nacional y otros patrocinantes del caso.