La justicia uruguaya solicitó a Chile la detención con fines de extradición de un sujeto de nacionalidad venezolana que lavó más de 300 mil dólares usando una red de estafas digitales.
En dicha petición se detallan las actividades de blanqueo cometidas por el venezolano Álvaro Cortina Morales, cuya indagatoria comenzó en Montevideo a raíz de una denuncia interpuesta por el Banco Central y sustentada en un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UAIF).
La maniobra, detalla la carta rogatoria, consistía en contactar a personas de distintos lugares de ese país, ofreciéndoles ganar “dinero fácil mediante redes sociales”.
Acto seguido, obtenía los números de tarjetas de crédito y cédula de identidad, lo que le permitió ingresar a la plataforma del Banco de la República Oriental del Uruguay y transferir el dinero a las múltiples cuentas de otro venezolano.
Ubicado en la RM
Con posterioridad —vía mensajes de Facebook— les comunicaba a los estafados que las transferencias iban dirigidas a la compra de monedas virtuales. Muchos de los afectados niegan cualquier operación con el lavador, según detalla el requerimiento de asistencia mutua.
Para justificar los depósitos en dólares y pesos uruguayos, Cortina informaba a los bancos que estaba contratado por Cristián Ramón Bastidas, también venezolano.
En la indagatoria este último reconoció que prestó sus productos financieros para el blanqueo. Por lo anterior, fue condenado como partícipe del lavado de activos ante el Primer Juzgado de Crimen Organizado de Montevideo.
La autoridad uruguaya, gracias a Interpol, logró dar con su paradero en la Región Metropolitana.
Con todo, para tramitar la causa, el máximo tribunal deberá nombrar a un ministro instructor.
Lavadores en Chile
Si bien la carta rogatoria no explicita que Cortina pertenezca al Tren de Aragua, hace poco más de un mes el Ministerio Público desbarató tres células de la organización criminal que blanquearon más de US$13 millones, usando una compleja red para dar apariencia de legalidad al dinero ilícito.
Una de las anteriores —ubicaba en Iquique— era la más importante, ya que sus miembros operaban directamente con los líderes de la asociación delictiva en Chile. Se trata de Carlos González Vaca (más conocido como “Estrella”), Hernán Landaeta Garlotti ("Satanás") —ambos condenados— y Víctor Moreno Álvarez, alias "Larry Changa". Este último enfrenta un proceso de extradición tras ser detenido en Colombia. En otras palabras, los más cercanos al mandamás, el "Niño" Guerrero, hoy prófugo.
El principal operador de la red era el venezolano Julio Montero, quien huyó al mismo país y sobre quien pesa una solicitud de extradición del Ministerio Público de la Región de Tarapacá.
Para ejecutar su conducta criminal contó con la participación de dos mujeres venezolanas, Ivette Porras y Greisy Carrillo, tal como informó Informe Especial.
Respectivamente, se encargaban de blanquear el dinero proveniente de secuestros y extorsiones como también de la trata de personas con fines de explotación sexual.