La semana pasada un hombre fue detenido en Peñalolén después de atacar a su expareja frente a sus tres hijos. La mujer logró alertar a Carabineros y el sujeto tenía nada menos que dos órdenes de detención vigentes por agresiones pasadas.
El dramático episodio es uno de los tantos femicidios frustrados que ocurren en nuestro país cada año. De hecho, entre el 1 de enero y el 11 de julio de este 2025 se han registrado 153 casos. La cifra es un 15% más baja en comparación a la misma fecha del año pasado.
No obstante, la directora nacional del Servicio de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco Pizarro, indicó a Informe Especial que por ahora “hay que mirar las cifras con cautela” y que estos casos “nos muestran que la violencia de género sigue siendo una realidad estructural que afecta a muchas mujeres”.
“Sí podemos decir que hoy contamos con más Centros de las Mujeres que entregan apoyo jurídico, psicosocial y acompañamiento especializado. También hemos ampliado las Residencias Transitorias para mujeres en riesgo vital y cumplido con el compromiso de tener un Centro de Atención Especializada en todas las regiones del país. Solo en 2024 representamos judicialmente cinco veces más a víctimas de violencia extrema, y eso marca una diferencia concreta en cómo estamos llegando a los casos”, dice Carrasco.
La presidenta de la Corporación Humanas y abogada especializada en Derechos Humanos, Paula Salvo, coincide en que la leve disminución de casos hay que observarlo con calma.
“En verdad si uno mira las cifras (desde 2023), lo que podemos señalar es que las cifras se mantienen. Eso es la gran mirada y yo diría que es como lo relevante. Yo creo que sí es importante asumir que hay políticas públicas que abordan el femicidio que en este último tiempo han sido interesantes”, señala la experta.
En efecto, en años anteriores se aprobó la Ley 21.675, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género; así como la Ley 21.565 del año 2023, que indica un régimen de protección y reparación para las víctimas de femicidios y suicidio femicida y sus familiares. Y también la llamada Ley Gabriela, que amplía el concepto de femicidio.
Efecto institucional
Todo lo anterior, afirma Paula Salvo, da “una señal de que asesinar a mujeres por el solo hecho de ser mujeres es un delito grave, que tiene una sanción penal y que ese es quizás lo más relevante del mensaje hacia la sociedad”.
De registrarse menos femicidios frustrados a fin de año, sería la primera disminución desde 2014, pues la historia ha sido totalmente distinta hasta ahora. De hecho, el último Informe Anual de Femicidios señala que “se observa una tendencia sostenida en el tiempo al aumento de los casos de femicidios frustrados, alcanzando el mayor número de casos entre 2022 y 2023, con un incremento de 44%”, número que siguió subiendo en 2024 cuando llegó a 319.
Sin embargo, desde el Ministerio apuntan a que el incremento de casos año a año no necesariamente se traduce en un aumento de la violencia contra la mujer, sino más bien en que se denuncia más.
“La situación se explica, en parte, porque hay una intervención más oportuna y mecanismos preventivos que están operando de forma más efectiva. Esto es resultado, en gran medida, de la articulación del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), que ha permitido detectar casos que antes se clasificaban como delitos graves o menos graves y que hoy, abordados con enfoque de género, se reconocen como femicidios frustrados o tentados. A esto se suma el impacto de las leyes recientemente promulgadas en los últimos cinco años, que entregan más herramientas para identificar la violencia cuando está motivada por razones de género”, señala la directora nacional SernamEG.
Femicidios consumados
Por su parte, hasta el 11 de julio pasado se tenían registrados 20 femicidios consumados durante este año, lo cual es un 20% menor que los que se enlistaban en 2024. Sin embargo, a lo largo de los años la cantidad de femicidios que se han cometido es prácticamente la misma.
Confirmando el análisis, Priscilla Carrasco, directora nacional del SernamEG, es enfática en precisar “que en el caso de los femicidios consumados existe una tendencia que no ha variado”.
“Eso nos indica que, aunque hay avances, debemos seguir depositando los esfuerzos para que exista un involucramiento de todos los actores. Por eso es clave que el sistema de justicia actúe con mayor coherencia y urgencia, y que incorpore de forma efectiva la perspectiva de género en cada etapa del proceso. Como Servicio estamos comprometidas con la prevención y atención”, agrega.
En Corporación Humanas reconocen dos puntos críticos en el sistema que deben ser mejorados para bajar la cantidad de casos: la brecha en la implementación de las medidas y el desconocimiento de qué hacer si se llega enfrentar una agresión tan fuerte para la vida de una mujer.
“Yo creo que hay un gran problema y hay unas grandes brechas de implementación en que uno tiene que mirar esto y hacer un zoom más cercano. Y ese zoom más cercano es que no sabemos qué está pasando con mujeres indígenas, no sabemos qué está pasando con mujeres en contextos rurales, o no sabemos qué está pasando con mujeres migrantes”, afirma Paula Salvo.
“Por otro lado –continúa- hay una debilidad institucional. Si uno va y se planta en la calle y le dice a una mujer ‘a tu amiga la intentaron asesinar´, ¿qué hace uno?, ¿dónde la orienta?, ¿dónde la lleva?, ¿de qué manera puede obtener justicia? (…) Yo creo que también tienen que haber campañas culturales muy relevantes para desarmar los estereotipos machistas que existen en la sociedad y que de alguna manera suelen ser normalizados. También hay que formar a los funcionarios en perspectiva de género”, dice la abogada.